Ciudadanía y criminalidad

Hace unas semanas impartí la plática “Ciudadanía y criminalidad” a un par de grupos de la materia Ciudadanía y Democracia en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México[1]. Mi objetivo era presentarles un panorama general de la situación delictiva en el país durante los últimos años, mostrarles evidencia cuantitativa reciente y discutir los conceptos más relevantes del tema. Sin embargo, explicar el tema sin mayor contexto que unas gráficas o estadísticas desprovistas de una justificación no es la mejor estrategia para sensibilizarlos. En particular, tratar el crimen sin caer en la terrible e ignominiosa casuística o en el exceso de indicadores cuantitativos o en la discusión apresurada de coyunturas es difícil. Justamente, cuando diseñé la plática quise evitar las narrativas simplistas que pretenden explicarlo todo.

Para comenzar apliqué una encuesta en línea[2] con el objetivo de conocer la condición de victimización directa o indirecta, los delitos a los que han estado expuestos ellos o sus familiares, la condición de denuncia de los delitos, las causas de la no denuncia, la percepción de seguridad en el país (actual y respecto a 2011) y el cálculo o aproximación de cuántos delitos se cometieron en 2014 y cuántos se denunciaron. Es evidente que al aplicar esta encuesta con una muestra por conveniencia no perseguí representatividad, no obstante, hay que aclarar este aspecto para los lectores más críticos. A continuación se presentan los resultados de la encuesta:

Tabla 1 Elaboración propia a partir de la encuesta

Lo primero que se denota de las respuestas de la encuesta es que todos (con excepción de dos personas) han estado expuestos a la criminalidad ya sea de forma directa o indirecta. El delito con mayor incidencia es el robo o asalto en calle o transporte público. Esto coincide con la evidencia de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) la cual revela que de los 33.7 millones de delitos ocurridos en 2014, el 29% de estos fueron robos o asaltos en la calle o en el transporte público configurándose como el delito con mayor incidencia.

El segundo delito con mayor incidencia con base en la encuesta es el robo total o parcial de vehículo. En este caso la evidencia contrasta con lo ocurrido a nivel nacional pues este delito es el cuarto con mayor incidencia a nivel nacional. Esto se explicaría por las características socioeconómicas del grupo encuestado y sus familiares pues disponen de vehículos con mayor frecuencia. El tercer delito con mayor incidencia en la muestra es la extorsión; en tanto que a nivel nacional las extorsiones ocupan el tercer lugar al representar el 24% de los delitos ocurridos. Por último, cabe destacar que en la encuesta el robo a casa habitación es el cuarto delito con mayor ocurrencia, esto contrasta con la evidencia nacional pues ocupa el sexto lugar.

Un aspecto más interesante resulta al contrastar el nivel de denuncia de delitos. Sorprende que en la muestra se encuentra una proporción elevada de delitos denunciados. Dicha proporción es incluso mayor que la de no denuncia.  Si consideramos la estadística nacional encontramos que solo se denunció 11% del total de ocurrencias; parece que la decisión de reportar el delito a las autoridades es distinta en el grupo encuestado. Algunas hipótesis de esta diferencia podrían ser: 1) la tenencia de seguros que amparen los activos de las víctimas (vehículos y casa habitación), 2) alguna suerte de deber cívico[1] asociado al nivel educativo, 3) mayor confianza en las autoridades encargadas de las investigaciones, 4) una expectativa más positiva de los resultados de la denuncia, entre otras hipótesis.

Por otro lado, si se observan las causas de la no denuncia al agrupar las primeras cuatro categorías (por ser una pérdida de tiempo, por desconfianza en la autoridad, por trámites largos y difíciles, por actitud hostil de la autoridad) el 69% de los casos de la muestra reporta no haber denunciado los delitos por causas atribuibles a la autoridad según las categorías de la ENVIPE. Al comparar este porcentaje con la evidencia a nivel nacional, no se aprecian grandes diferencias toda vez que en el territorio 6 de cada 10 personas no denunciaron por causas atribuibles a la autoridad. Incluso, si se examina de manera más detallada los encuestados reportaron no haber denunciado por considerarlo una pérdida de tiempo. Esto coincide nuevamente con la evidencia de la ENVIPE pues es la causa principal de la falta de denuncia.

Ante este resultado, cabe destacar la naturaleza racional de los agentes. A veces se insta a las víctimas para que denuncien el delito del cual fueron sujetos sin que se repare en que a esta decisión le precede un razonamiento económico que contrasta con la visión cívica. Desde la perspectiva normativa, el acto en sí de denunciar es valioso porque permite demandar un servicio que el gobierno debe proporcionar como mínimo y por lo tanto, podría argumentarse que denunciar implica un comportamiento cooperativo con las autoridades. En otras palabras, se busca que quien hizo algún tipo de daño, no lo repita y sea sancionado o bien, que el daño sea reparado. La persona debe denunciar porque solo así puede existir la posibilidad de que se persigan los delitos.

Sin embargo, para los economistas esta postura carece de soporte microeconómico. Si optamos por analizar por qué no denuncia un individuo en lugar de asumir que debe hacerlo por mera conciencia cívica, es posible llegar a conclusiones más interesantes. Desde la perspectiva positiva, un individuo denuncia un delito en función de la relación costo beneficio subyacente. Es evidente que quisiéramos las denuncias fueran ágiles, que las diligencias se realizaran prontamente y que los cuerpos policiacos dieran con los delincuentes en poco tiempo, pero siendo realistas este escenario es idílico bajo las condiciones actuales. Dichas condiciones suponen costos de transacción muy elevados que desincentivan a las personas a pesar de que el acto per se no tenga valor monetario, es decir, denunciar sale caro.

La otra cara de la moneda se refiere a los beneficios que se buscan con la denuncia. Pueden abarcar desde la expectativa de recuperar sus bienes, castigar al delincuente[2], obtener la reparación del daño, deslindar responsabilidades, habilitar el pago de un seguro o aspectos más complejos como la búsqueda de la justicia. Debemos estar conscientes de un elemento crucial de los beneficios: la incertidumbre. Lo anterior implica que la decisión de denunciar también dependerá de la postura personal ante el riesgo.

En otro orden de ideas, en la plática presenté los elementos que contribuyen a formar la percepción de seguridad. Cabe destacar la ocurrencia de coyunturas críticas nacionales o locales (captura de un capo, aparición de cuerpos, algún caso emblemático), la victimización relativa más frecuente[3], los medios de comunicación, la presencia de conductas antisociales o delictivas o las mismas tasas delictivas. Además, el factor subjetivo derivado de las experiencias personales también incide en la valoración de la situación de seguridad.

En este tenor, no sorprende que la percepción actual de seguridad de los encuestados es bastante negativa. Respecto a 2011 (año con las tasas más altas de homicidio doloso y ciertos robos a nivel nacional) la percepción ha empeorado para la mitad de los encuestados y no ha cambiado para el 38.5%. Solo cerca del 10% considera que la situación ha mejorado. Esta valoración se produce en un contexto de reducción de los delitos de alto impacto respecto a los niveles registrados en 2011.

Las interpretaciones más simplistas sitúan en un plano de equivalencia la disminución de los delitos y las mejoras en materia de seguridad. En este sentido, una menor victimización se traduciría en mejores condiciones de seguridad las cuales favorecerían la percepción de las personas (asumiendo el resto de factores como constantes). No obstante, la percepción de seguridad, o la falta de esta, tenderá a evolucionar con mayor lentitud que las tasas delictivas. Además, dicha valoración dependerá de más variables algunas de ellas latentes o no observables.

Asimismo, en la plática expuse los diferentes conceptos del término seguridad entre los que destacan las definiciones tradicionales de seguridad pública y seguridad nacional y las definiciones alternativas de seguridad humana y seguridad ciudadana. Los primeros conceptos enfatizan la idea de soberanía y autonomía, la defensa frente a las amenazas externas e internas, en tanto que los segundos, parten de una reinterpretación de la idea de desarrollo humano y el ejercicio efectivo de derechos.

En la práctica, la coexistencia de las definiciones supone un lente distinto desde el cual las autoridades, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos piensan la seguridad. A pesar de que se trate de la misma realidad, el marco de referencia detona diferencias que modifican el tipo y alcance tanto de las políticas de seguridad como de las alternativas de solución. En otras palabras, esta diferencia conceptual, que pudiera parecer banal o irrelevante, se traduce en la toma de ciertas decisiones que pudieran ser contradictorias.

Entonces, ¿dónde queda el ciudadano? Pareciera que está sujeto a los vaivenes de la criminalidad y los efectos colaterales de las políticas de seguridad. Su única posibilidad legal consiste en denunciar los delitos (si les conviene) y esperar a que cambie la situación. Poco a poco, la percepción de seguridad se nutre de las malas experiencias y el pesimismo invade nuestro futuro. En este sentido, preocupa que jóvenes de 21 o 22 años consideren que el país empeorará o seguirá igual (con algún grado de razón), pero lo que inquietaría más sería que la criminalidad se viera como un fenómeno eminentemente personal, como algo que solo pertenece a la esfera personal o a los grandes acontecimientos nacionales. Casi todos terminamos pagando los costos de la criminalidad. ¿No deberíamos entonces asumir un papel más participativo? En caso afirmativo, las políticas de seguridad tendrían que cambiar de perspectiva hacia un enfoque bottom-up.

Manuel Alejandro Vélez Salas

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@VelezManuel @ObsNalCiudadano