Infografía de los homicidios de periodistas: Más que balas contra las palabras

El ejercicio de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación no es un rumor vacío en México. Al contrario, se trata de una realidad que se ha impuesto, por lo menos, durante los últimos 14 años mediante golpes de ataúdes que parecieran no ser escuchados ni vistos por las autoridades correspondientes. Me atrevo a afirmar esto porque de acuerdo con uno de los hallazgos del estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México[1], de 2000 a 2014, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reporta oficialmente 102 periodistas asesinados y no se aprecia avance alguno frente a la permisiva impunidad de estos hechos.

Es cierto que si se realiza un análisis de la serie histórica de estos datos se aprecia que el mayor periodo de incidencia abarca de 2008 a 2012, el cual coincide con el incremento de los homicidios dolosos registrados en el ámbito nacional. De igual manera, es cierto que de acuerdo con estas cifras se observa una disminución de este ilícito pues se reporta que en 2014 solo se tuvo conocimiento de dos periodistas asesinados.

Sin embargo, ¿cómo podemos aceptar con los ojos cerrados estos datos si sabemos que en ocasiones suele desestimarse como línea de investigación la propia labor periodística de estas personas? ¿Cómo podemos creer sin cuestionamiento alguno en estos números si escuchamos a funcionarios públicos excusarse de estos homicidios mediante la argumentación de que estos ocurrieron porque los periodistas no aceptaron la protección de las autoridades por falta de confianza? ¿Cómo podemos confiar en dichas estadísticas si sabemos que organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras refieren más casos por lo menos durante 2014?

Las cifras mencionadas, pese a que solo representan a poco más de una centena de personas y pueden no reflejar la incidencia real de este delito, revelan una cruenta realidad nacional. Esta no solo versa alrededor del tipo de homicidio sociopolítico[2] que es sino sobre la profunda crisis que genera en torno a un derecho humano fundamental, la libertad de expresión. Esto se torna aún más preocupante, si consideramos que se trata de un fenómeno que se concentra principalmente en ciertas regiones de nuestro país. Ello se debe a que denota la existencia de algunas localidades en las que los victimarios están definiendo cierto tipo de agenda política o social en determinadas comunidades, pues no debemos olvidar que dada la coyuntura actual los homicidios se han convertido en mensajes.

Al respecto, en el estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) destacamos que esta es principalmente la situación de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, ya que estas acumularon el 53.92% de los periodistas asesinados de 2000 a 2014. Sobre estos casos destacamos que se trata de entidades federativas en las cuales no se tiene certeza respecto a que los índices críticos de homicidios dolosos a nivel local no se repetirán en el corto o mediano plazo. Esto principalmente se debe al comportamiento histórico que ha tenido este tipo de criminalidad pues en estas entidades no fue posible predecir los incrementos registrados entre 2007 y 2009. Esto no es algo menor pues nos permite sugerir la existencia de una correlación entre la dinámica delictiva estatal y la incidencia de homicidios de periodistas.

No solo se trata de los homicidios de Rubén Espinosa, Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Octavio Rojas, José Bladimir Antuna García, José Armando Rodríguez Carreón, entre tantos otros periodistas que han sido asesinados durante los últimos años. También se trata del permiso que se le está dando a la privación de nuestra propia vida a manos de cualquier persona. Se trata del permiso que se está otorgando a poner en jaque la profesión de periodismo, la cual por su bien interno es fundamental en un Estado que se presuma a sí mismo como democrático. Se trata del permiso que se le está dando a poner en riesgo y limitar nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente sobre lo que sucede en cada rincón de nuestro país.

Los homicidios de periodistas en nuestro país son más que balas contra las palabras que dan cobertura sobre algún tema específico. Bajo ninguna circunstancia, pueden ser relativizados por mero desconocimiento o indiferencia porque se trata solo de la muerte de poco más de una centena de personas o porque dicha cifra muy probablemente no supera, por ejemplo, la incidencia de homicidios de elementos de instituciones de seguridad. Ninguna privación de la vida puede ser minimizada ni mucho menos ignorada u olvidada. Como sociedad tenemos una responsabilidad muy importante que no solo versa sobre la exigencia de justicia y verdad en torno a los asesinatos cometidos, sino que tiene que ver con todos aquellos jóvenes que pese a su vocación profesional se cuestionan si deben dedicarse a esta pese al riesgo que puede implicar para su propia vida. Es un deber impostergable e inevitable con nosotros mismos.

Por lo que respecta a la labor de las autoridades es más que evidente que no basta con buenas intenciones ni con que se presuma que se cuenta con protocolos y mecanismos de protección. Los ciudadanos necesitamos resultados, exigimos saber que alguien responsable de estos hechos y que este será sancionado penalmente como corresponde de acuerdo con la normativa penal.

[1] El estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se encuentra disponible en http://onc.org.mx/2015/08/13/homicidio-una-mirada-a-la-violencia-en-mexico/

[2] De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se entiende por homicidio sociopolítico aquella privación de la vida que es cometida con un fin político o basada en cierto tipo de prejuicio de raza, etnicidad, género, religión o preferencia sexual, homicidios cometidos por autoridades cuando estas no desarrollen actividades de su competencia. En esta categoría se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, los linchamientos de criminales, los asesinatos de periodistas o de personal de ayuda humanitaria.

Doria del Mar Vélez Salas

Directora de Investigación

Twitter: @Dorsvel @ObsNalCiudadano