Y nosotros…rechazamos las pésimas prácticas de las empresas mineras canadienses

Hace apenas unos días, en el marco de las discusiones y comentarios sobre una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), varios funcionarios canadienses expresaron: “Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. A raíz de esto, se ha corrido el rumor de que el gobierno canadiense negociará de manera bilateral el Tratado con Estados Unidos dejando de lado a México.

Con la firma del TLCAN, el sector minero ha sido uno de los sectores que más crecimiento económico ha tenido desde la década de los noventa, pasando de aportar el 0,72% a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB). La marca canadiense en el sector es notable; actualmente, del total de empresas extranjeras que operan en México, el 65% proviene de Canadá. Sin embargo, no todo es bonanza y prosperidad en el sector, de hecho, más allá del empleo que esta industria ofrece, no es posible identificar otros beneficios palpables y de largo plazo para las comunidades y pueblos donde se asientan sus proyectos. Contrario a ello, la violencia, los conflictos por la tierra y los graves daños ambientales son inherentes a la actividad minera en México.

El informe The Canada Brand refiere que la violencia generalizada es común en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos y señala que, en las explotaciones mineras canadienses en América Latina, entre 2000 y 2015, se produjeron al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros. Al menos 44 personas resultaron muertas y más de 700 personas fueron arrestadas o detenidas en relación con hechos ocurridos en torno a las minas canadienses. Para muestra, lo ocurrido hace unos días en Zacatecas donde la minera canadiense Panamerican Silver desalojó a habitantes de la comunidad La Colorada. Lo hizo, a decir de los lugareños, con violencia y con guardias privados que portaban armas largas.

En 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, documentó 61 casos de abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado o empresas en México. De éstos, 17 casos involucran afectaciones al medioambiente y/o tierra y territorio causados por la industria minera.

Pero esta impunidad con la cual opera la minería en México, no es exclusiva de las empresas canadienses. Las leyes y normas en materia, le favorecen de manera descarada al sector minero en su conjunto, a tal grado que, por ley, le otorgan un carácter de actividad preferente por encima de cualquier otro uso de la tierra, incluido el comercio, la agricultura, el turismo, los usos y costumbres e incluso, por encima de la misma protección establecida en áreas naturales. ¡Sí!, la minería puede realizarse incluso en áreas naturales que ya están protegidas dada su increíble biodiversidad y riqueza natural.

Aunado al marco regulatorio laxo que rige a la industria minera, resulta particularmente irritable la voracidad de estas empresas canadienses y la forma en la cual pretenden cabildear al gobierno mexicano para lograr todavía más beneficios. Hace unos meses enviaron una carta al presidente Peña señalando la incertidumbre jurídica respecto a la tenencia de la tierra y la política de recaudación agresiva del SAT de la cual son víctimas, además de solicitar al gobierno mexicano la protección de sus inversiones. ¡Vaya cinismo!

Si bien el objetivo del TLCAN fue crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y establecer la base para un crecimiento económico fuerte y de mayor prosperidad para Canadá, Estados Unidos y México, la realidad es que esta prosperidad ha sido sólo para unos cuantos. Queda claro que la bonanza y los beneficios de la industria minera no son para las comunidades y pueblos donde se asientan y que el modelo extractivo ha servido para fomentar diferentes formas de despojo e incrementar aún más la conflictividad social en un entorno ya de por sí complejo.

Por ello, es imprescindible retirar el carácter preferente que tiene la industria minera y fomentar nuevas formas de actividad económica alternativas a la minería. Por ejemplo; reforzar y potenciar las políticas al campo para producción de alimentos, crear cooperativas energéticas locales que ya están surgiendo en otros países y que son buenas oportunidades de negocio, reforzar la actividad comercial, inyectar recursos al turismo local, etc.

En México, también amamos a nuestros amigos canadienses, pero rechazamos las pésimas prácticas de sus empresas mineras. Nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después.

Beatriz Olivera, investigadora del programa de Territorio, DDHH y Desarrollo en @FundarMexico