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La política pública del patrimonio natural en México: una evaluación a 30 años de compromisos.

26/02/2016
11:03
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Por Gina Chacón Fregoso

A mediados de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Este documento, que da a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas a la política pública implementada en México, tiene un apartado que aborda la política del patrimonio natural. La relevancia de esta evaluación se halla en el análisis que hace la Auditoría acerca de la definición del problema, el diseño de la política, la ejecución y los resultados de las acciones instrumentadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el periodo comprendido entre 1984 -2014. 

Uno de los principales ejes para valorar esta política, cuyos objetivos son proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural del país, es la Convención de la UNESCO firmada por el gobierno mexicano en 1984, en donde se comprometió a asumir la obligación de preservar el patrimonio natural del terriotorio[1].

Así, los resultados que reporta la ASF pueden interpretarse como focos rojos, pues señalan los puntos críticos de una política que a lo largo de 30 años ha tenido importantes faltas para dar cumplimiento a sus objetivos. Para dar sutento a lo antes dicho, es preciso detenerse en algunos de los ejes que conforman la evaluación. En primer lugar, el reporte menciona que durante el periodo 1984-2014 el gobierno federal identificó como problemas públicos la degradación, destrucción y pérdida de ecosistemas, no obstante careció de un diagnóstico integral sobre el estado que guarda el patrimonio natural a fin de orientar la intervención gubernamental.

En segundo lugar, la evalución al diseño normativo mostró que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no está armonizada con los términos de la Convención de la UNESCO, ya que no se considera el tema de patrimonio natural de valor universal excepcional, por tanto no se ha establecido una definición del mismo. Tampoco se ha indicado la obligación de identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural de valor universal excepcional para identificar las Áreas Naturales Protegidas.

En este mismo tenor, el análisis del diseño institucional- organizacional identificó que la SEMARNAT y sus dependencias no tienen atribuciones para gestionar acciones de identificación, protección y restauración al patrimonio de valor universal excepcional.

Como tercer punto está la implementación de la política, aquí interesa mencionar que la CONANP, encargada del cuidado de las Áreas Nacionales Protegidas (ANPs), no contó con un sistema de información que permita identificar el número total de territorios que fueron seleccionadas con base en los instrumentos de regiones prioritarias, de vacíos y omisiones. La propia ley (LGEEPA) no establece un plazo para declarar nuevas ANPs, pues una vez que tienen los estudios correspondientes este proceso puede alcanzar hasta 10 años.

De hecho, existe un resago en la creación de instrumentos de política pública para el manejo adecuado y la protección de las ANPs. Un dato que que permite ilustrar lo anterior es el número de Programas de Manejo que existen a 2014. De acuerdo con la ASF de un total de 177 ANPs federales, solo 97 contaron con la publicación del resumen de su programa de manejo y el plano de su localización[2]. Las 54 ANPs restantes no tienen programas debido a problemas en el establecimiento del polígono o porque perdieron la vocación por la cual fueron creadas.

Cabe reconocer que en los últimos tres años la CONANP ha publicado algunos programas de manejo, sin embargo, hay imporantes tareas por realizar. Entre ellas es preciso aprovechar de manera eficiente el presupuesto destinado a la creación de los programas, que desde 2012 a 2104 ha tenido un monto total ejercido de 490.61 millones de pesos[3].  De tal manera, existen recursos para crear estos instrumentos pero aún queda por identificar –plenamente- los obstáculos que impiden elaborar los programas para el manejo de las ANPs.

Finalmente, cabe subrayar que la evaluación realizada por la ASF a la política del patrimonio natural arroja luz sobre las inconsistencias y debilidades existentes para la protección y cuidado del ambiente, pero sobre todo provee una guía de acciones que es necesario implementar para corregir y mejorar la ejecución de la política. Para la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil esta información permite conocer los avances en el cuidado del patrimonio natural,  y dar seguimiento de las acciones del gobierno para verificar el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades.

 

[1] La Convención UNESCO para protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en artículo 2 define el Patrimonio Natural como los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

[2] La publicación en el Diario Oficial de la Federación.

[3] Programa Presupuestario “U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”. Secretaría de Hacienda y Credito Público, ver : http://www. transparenciapresupuestaria.gob.mx  

 

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar...

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