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La “guerra” contra las drogas

¿Por qué me interesa llamar la atención al problema de la guerra contra las “drogas”? Precisamente porque se trata de un problema que se ha vuelto estructural: esta “política” opera como telón de fondo de todo lo que ocurre en el país, condicionando, tal cual, la vida que las personas pueden llevar. Más aún: si es que pueden seguir con vida o no. Solo así puedo entender una política que ha tenido como resultado la desaparición de 26,274 personas y el asesinato de 218,841 personas en un periodo de 10 años.
03/02/2017
09:16
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Por lo general destino este espacio a la desigualdad de género o a la discriminación por orientación sexual. Recientemente, sin embargo, he estado leyendo sobre otros problemas que están afectando de manera terrible al país y que creo fundamental que todas las personas estemos enterados de ellos. El primero es la “guerra contra las drogas” y me gustaría referirme brevemente a él aquí.

Justo en diciembre se cumplieron 10 años de que el Presidente Calderón haya declarado iniciada la “guerra”. Por ese motivo, distintos medios y grupos publicaron una serie de estudios sobre lo que se ha logrado con ella. La “guerra” es una política pública, es una apuesta gubernamental para resolver un supuesto problema. ¿Cómo es como política pública? ¿Ese problema que busca atender, en los términos en los que lo plantea, existe? ¿La manera en la que lo está atendiendo, es la adecuada? ¿Según qué resultados? Los estudios no permiten, al menos no a mí, extraer una consecuencia positiva de esta “estrategia”. Lo que ha traído son muertes, desapariciones, violencia. Arbitrariedad.  

Sugiero, de entre los múltiples estudios y análisis que se han liberado, que revisen varios. El primero es el que liberó Animal Político: “10 años de guerra: cómo hemos cambiado”, que incluye, en realidad, distintos análisis. Por ejemplo: incluyen uno sobre el desplazamiento forzado de personas como uno de los saldos ocultos de esta guerra; incluyen otro sobre cómo el ejército ya no reporta el número de civiles que han muerto a manos de los militares; e incluye distintas “gráficas interactivas” (estoy segura que la descripción es injusta) que realizaron Data Cívica para poder visualizar y dimensionar los saldos de desapariciones y muertes en el país. ¿Quiénes murieron (mayoritariamente hombres, jóvenes), cómo murieron, dónde murieron? ¿Quiénes desaparecieron? ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí lo pueden consultar.

Sugiero, también, revisar el número de enero que le dedicó la revista Nexos al tema. Y sugiero estar pendiente de los análisis que se van a estar publicando desde el Programa de Política de Drogas del CIDE: hace 4 años obtuvieron, de manera anónima, una base de datos que incluye una infinidad de detalles sobre más de 36,000 enfrentamientos entre el crimen organizado y con las fuerzas armadas. La base de datos, que está disponible en línea, es un vistazo único a cómo se ejerce la fuerza por parte del mismo Estado en México (acá Jorge Javier Romero explica cómo se obtuvo la base y cómo la limpiaron para finalmente ponerla a disposición del público). El CIDE se alió con Vice México para darle un enfoque periodístico a los datos que han ido extrayendo de esa base de datos y ya sacaron la primera contribución: “Las 5 cosas que no sabías y tienes que saber de la ‘guerra’ en el periodo de Felipe Calderón” (hay que estar pendientes de las que faltan). Los resultados que presentaron son terroríficos y ya suscitaron una respuesta del mismo Calderón.

¿Por qué me interesa llamar la atención al problema de la guerra contra las “drogas”? Precisamente porque se trata de un problema que se ha vuelto estructural: esta “política” opera como telón de fondo de todo lo que ocurre en el país, condicionando, tal cual, la vida que las personas pueden llevar. Más aún: si es que pueden seguir con vida o no. Solo así puedo entender una política que ha tenido como resultado la desaparición de 26,274 personas y el asesinato de 218,841 personas en un periodo de 10 años (según datos de Data Cívica). Lo que sea que hagamos, lo que sea por lo que luchemos, lo que sea que veamos, este es uno de esos grandes problemas que tenemos que tener en mente.

Además de dimensionar los costos de esta guerra, es también fundamental seguir pendiente de cómo el gobierno sigue respondiendo a la problemática que supuestamente quería atacar. En semanas recientes, existen dos iniciativas de ley que buscan regularizar –por ponerlo de alguna forma– la presencia del Ejército en las calles. Escribe Catalina Pérez Correa: “Ambas incluyen un concepto nunca antes regulado —Seguridad Interior— a través del cual se busca facultar al Ejército —y otras fuerzas federales— para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), pero bajo una lógica de Seguridad Nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).”

Precisamente uno de los resultados constantes del análisis que se realizó en el CIDE es que la presencia del Ejército en las calles ha tenido consecuencias catastróficas. El “índice de letalidad” en los enfrentamientos del ejército con las personas es altísimo. Escribe Jorge Javier Romero (perdón por la cita extendida, pero vale la pena):

“Un equipo de trabajo formado por Alejandro Madrazo Lajous, Rebeca Calzada y por mí, se enfocó en tratar de dilucidar el papel jugado por las fuerzas de seguridad del Estado en la tragedia que la base de datos refleja. Analizamos, así, los más de tres mil registros en los que se reportaba actuación estatal. En un principio, nos interesaba analizar la juridicidad de las acciones de las policías y las fuerzas armadas: si sus intervenciones se debían a órdenes judiciales o si detrás de su actuación había un trabajo de inteligencia previa que los llevar a actuar con base en indicios sólidos. Los resultados nos sorprendieron, pues, aunque en el 84 por ciento de los casos el evento se había producido como consecuencia de la actividad de las fuerzas públicas, solo el dos por ciento había sido detonado por una orden judicial o ministerial y únicamente el tres por ciento era reportado como resultado de una labor de inteligencia, mientras que el ocho por ciento había sido detonado por una llamada anónima (la cual pudo provenir, por ejemplo, de un grupo rival del que fue enfrentado por las fuerzas estatales, con lo que los cuerpos de seguridad le estarían haciendo la labor al enemigo) y el 31 por ciento había sido resultado de patrullajes devenidos en enfrentamientos."

Esa información es, de suyo, alarmante, porque refleja una actuación sin ton ni son de los cuerpos estatales, con poco apego a las formas del Estado de derecho. Pero cuando se entra al terreno de los muertos, la base refleja un panorama escabroso, tétrico, pues la cantidad de enfrentamientos en los que la letalidad de la utilización de la fuerza del Estado resulta desproporcionada es abrumadora. Los datos de la base confirman los ya de por sí altos índices de letalidad documentados antes por Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Silva Forné y arrojan un dato siniestro que refuerza la conjetura de una utilización excesiva de la fuerza del Estado en esta malhadada guerra: en el 37 por ciento de los casos no se puede establecer un índice de letalidad porque no hay heridos, solo muertos. Se trata de un dato que debe ser interpretado con cuidado y contrastado con el número de detenidos en cada evento, pero la tendencia que muestra es aterradora: no solo el número de muertos en enfrentamientos con las fuerzas del Estado crece dramáticamente año tras año, sino que la proporción de fallecidos en eventos sin heridos aumenta hasta alcanzar el 80 por ciento del total. Cuando son las fuerzas armadas las que llevan a cabo el operativo, la cifra de muertos en hechos sin heridos alcanza el 90 por ciento.”

 

Esas son las fuerzas armadas que se buscan regularizar. Constitucionalmente, en México, existe una distinción entre lo que las policías y las fuerzas armadas deben hacer. Lo que los estudios demuestran es por qué existe esa distinción. Poner a las fuerzas armadas en la calle, desempeñando funciones de seguridad pública, es una manera segura de incrementar la violencia, no de detenerla. Si lo que se busca es detener y revertir la violencia, esta no debe ser la apuesta.

Actualmente, existe la página LeyGolpista.org, en la que pueden encontrar más información sobre estas iniciativas, así como las acciones que pueden tomar para que no se aprueben. Insisto: este es uno de los temas en los que tenemos que comenzar a aliarnos para incidir. Para que las muertes en el país acaben.

Estefanía Vela estudió derecho en la licenciatura y en la maestría. Ahora se dedica a la docencia y a la investigación sobre la relación entre el derecho y la sexualidad –y todos los puntos en los...

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