Su diagnóstico es su mejor defensa

El 1 de junio salió a la venta el último número de la revista Nexos, dedicado al tema de la violencia de género en contra de las mujeres. La edición incluye artículos que me parecen fundamentales para las discusiones que se siguen dando sobre este problema, especialmente las que se han suscitado con la presentación de Miguel Ángel Mancera de la serie de acciones que se están implementando en la CDMX para combatirlo. Dos, en concreto, me parecen particularmente útiles: el de Alejandra Ríos (“La sombra de Sísifo: El estado y las mujeres”) y el de Ana Pecova (“Derechos de papel”), ambos enfocados en las fallas estatales para combatir esta violencia.

Ríos se dedica a analizar las estrategias propuestas por el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, para combatir la violencia en contra de las mujeres. Y resulta que las tres ideas torales que propone este mandatario en nombre del gobierno federal ya han sido incorporadas al orden jurídico desde hace años. Promover una respuesta a la violencia “desde lo local” —una de las ideas de Osorio Chong— es uno de los puntos clave de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2007, como lo es la conformación de un banco de datos: el Banavim, que Osorio Chong propone “reconfigurar”. Las procuradurías estatales, el tercer foco de Osorio Chong, ya tienen el mandato de hacer lo necesario para “contar con personal especializado, con perspectiva de género y protocolos de actuación”. Lo que le falta al gobierno federal es, más bien, una explicación de por qué esas tres ideas, ya incorporadas al orden jurídico, no se han podido “materializar” o han resultado “insuficientes” para la lucha en contra de esta violencia. ¿Cuenta el gobierno federal con ese diagnóstico?

El texto de Pecova, por su parte, ofrece un panorama similar en relación a la incorporación de la “perspectiva de género” en el poder judicial. Parece que se ha hecho mucho. Prácticamente todos los poderes judiciales locales, por ejemplo, tienen alguna persona o área dedicada al tema de la igualdad de género. Pero una vez que nos adentramos a su estructura, resulta que esa “área” o no cuenta con presupuesto (o no con el presupuesto suficiente), o no cuenta con las capacidades institucionales para implementar sus propuestas o sus personas no cuentan con la experiencia necesaria para entrarle a la materia. Si se quiere monitorear la labor de los y las juezas directamente, analizando sus sentencias, por ejemplo, resulta que es prácticamente imposible obtenerlas. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia en este tema es rampante en los poderes judiciales estatales.

Los textos de Pecova y Ríos son particularmente útiles en estos momentos, me parece, por cómo se han defendido las iniciativas de Mancera: he escuchado o leído a personas decir que ¡mínimo el gobierno está haciendo algo! Ese no puede, no debe, no es, legalmente, el estándar para evaluar la labor gubernamental. Como ambos de sus textos revelan: los gobiernos han estado obligados a combatir el problema de la violencia en contra de las mujeres desde hace años (por no decir décadas). Y a pesar de eso, no deja de ser alarmante cómo parecen ni siquiera contar con un diagnóstico de por qué toda la infraestructura y armado normativo con el que se supone que ya cuentan ha fallado.

Ahora: a pesar de no contar con esta información (o quizá la tienen, pero han decidido no liberarla al público a pesar de todas las críticas), se siguen atreviendo a implementar acciones que, encima de todo, también resultan problemáticas desde su articulación misma. Y no solo me refiero al silbato, en el caso de Mancera, sino también a su campaña “Tu denuncia es tu mejor defensa”.

A partir de las críticas que se le lanzaron al silbato, el gobierno de la Ciudad de México decidió difundir un “reporte” sobre lo que han hecho y lo que están haciendo en esta materia (sobre su estrategia 30/100). En realidad, el documento es una presentación en Power Point, que parece enumerar una serie de acciones, algunas más o menos claras que otras (en algún punto dicen que han difundido “3000 postales y 3000 stickers”; ¿de qué? no dicen; ¿a quién? tampoco; ¿en dónde? menos). Lo que no encuentro en el documento es una “enumeración” (ya olvidemos análisis) de lo que se está haciendo para cambiar el contexto de denuncia. Porque, si se les dice a las mujeres que su denuncia es su mejor defensa es porque… su denuncia es su mejor defensa, ¿no? Una afirmación no menor considerando que prácticamente todos los casos que se mediatizaron en los últimos meses tienen como base la pésima o nula actuación estatal.

El caso de Andrea Noel, por ejemplo, estalló no solo porque un hombre le bajó los calzones en la calle, sino por lo que pasó cuando ella quiso denunciar. Desde que fue ella misma la que consiguió el video (y no las autoridades), hasta cómo las autoridades quisieron aplicarle un examen psicológico para evaluar el “daño” a su persona, pasando por el hecho de que siguen sin dar con el responsable, el caso es lo que es en parte por la acción estatal. ¿Qué ha cambiado en el gobierno para que el trato que se le dio a Andrea Noel no se vuelva a repetir? La pregunta no es menor considerando que su experiencia con las autoridades se sigue repitiendo. Justo esta semana, Nayeli Meza difundió en sus cuentas de redes sociales la experiencia que tuvo denunciando el acoso que padeció en el metro. ¿Lo peor para ella? La actuación de las autoridades, por supuesto, que le preguntaron que “por qué venía sola” si ya sabía a qué se “enfrentaba”.

Olvidemos el silbato y veamos al gobierno: ¿qué ha cambiado en cómo funciona desde que se desató esta discusión sobre la violencia? ¿Qué ha hecho el gobierno para cambiar el contexto de denuncia para las mujeres? Si algo reveló #MiPrimerAcoso, es que muchas mujeres están más que dispuestas a denunciar. La gran pregunta es: ¿está el gobierno listo para atender estas denuncias? Y si no lo está, ¿cómo es que se atreve a pedirles a las mujeres que se expongan de esta manera?

Ana Pecova lo dice con toda claridad:

“En un país en el que siete mujeres mueren diario y cuatro de cada 10 han vivido violencia a manos de sus parejas, sólo se presentan unas 150 mil denuncias al año en contra de alguno de los tipos de violencia tipificados por el orden jurídico. De dichas denuncias sólo 11% resultan en averiguaciones previas y sólo 2.4% de éstas reciben sentencias condenatorias. Uno de los principales motivos detrás de las pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones. Desconfianza, por supuesto, que se justifica cuando se analiza cómo opera el sistema de justicia actual. Antes de exigirle a las mujeres denunciar cuando tienen todo en su contra, lo fundamental es cambiar al sistema para que eso ya no les resulte tan costoso.”

Vidas dependen de esto. Por eso al gobierno no se le puede permitir seguir como lo ha hecho. Por eso el estándar no puede ser que “mínimo hace algo”. El gobierno debe rendir cuentas: ¿qué ha pasado con todo lo que ha hecho? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Cómo está decidiendo qué es lo que tiene que hacer? ¿Con qué diagnóstico está operando? ¿Cómo está deliberando cuáles son las acciones que se deben implementar en la ciudad (o en el país)? Las “intenciones” no bastan. Cada silbato, cada campaña, cada medida cuesta tiempo y dinero. Tiempo y dinero que se podrían invertir en algo más. Todo se tiene que justificar. ¿Puede hacerlo el gobierno?