La deuda con las niñas: Violencia sexual y aborto

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 11 de octubre como el Día internacional de la Niña para llamar la atención a los problemas que enfrentan las menores de edad y en el potencial que tienen para  transformar el mundo como líderes, trabajadoras, empresarias, tutoras, etc. Entre los problemas que enfrentan las niñas y las mujeres se encuentra el aseguramiento de sus derechos reproductivos. ¿Cómo pueden tomar control sobre sus vidas sin autonomía reproductiva? ¿Cómo ser parte del cambio cuando son víctimas de violencia sexual y revictimizadas cuando se les niega el derecho a interrumpir un embarazo?

UNICEF estima que unos 120 millones de niñas han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales, es decir, una de cada 10 niñas en todo el mundo. Aunque se estima que mayoritariamente es entre los 15 y los 19 años cuando ocurre la primera agresión, en muchos países la primera ocurre entre los 10 y 14 años. En la gran mayoría de los casos fueron los cónyuges, novios o parejas íntimas. En lugares como Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Kenya, una proporción importante de niñas aseguró que su victimario había sido un amigo o un conocido.

Los datos de UNICEF son estremecedores, casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años (70 millones de niñas alrededor del mundo) aseguró haber sido objeto de alguna forma de violencia. Una de cada tres adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que integran uniones formalizadas, han sido víctimas de violencia emocional, física y/o sexual por parte de su pareja.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asegura que en 2015 las niñas representaban 16.2% de la población total, poco más de 19 millones de niñas, aunque en estados como Chiapas, Guerrero y Aguascalientes el porcentaje es mayor que la media nacional.  De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, una de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años manifestó haber estado embarazada alguna vez. Sin embargo, en su labor de defensa de los derechos reproductivos, GIRE ha documentado que en casos de violación sexual las edades pueden ser más tempranas.

Mónica (nombre ficticio) era una menor de doce años de edad, indígena mazateca que no habla español,con residencia en el estado de Oaxaca, en una comunidad lejana de la capital, que quedó embarazada como consecuencia de una violación sexual cometida por un conocido. Al denunciar la violación ante el ministerio público, solicitó la interrupción del embarazo de conformidad con la legislación penal local. A pesar de que el MP otorgó la autorización, Mónica se enfrentó a diversas barreras durante el proceso para interrumpir el embarazo, tales como: falta derecursos necesarios para traslado al hospital público y hospedaje en la ciudad de Oaxaca para ella y su madre, ausencia de peritos traductores durante el proceso penal y la práctica médica. Finalmente, el embarazo fue interrumpido durante la décima segunda semana de gestación. GIRE participó en el presente caso mediante asesoría jurídica al MP para el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos reproductivos de Mónica, promover y asegurar el acompañamiento durante el procedimiento médico y su realización por personal capacitado.

Jimena (nombre ficticio) es una menor de 13 años de edad residente en el estado de Hidalgo que quedó embarazada como consecuencia de la violación sexual. A pesar de que denunció la violación ante el ministerio público, debido a que el embarazo tenía más de 90 días de gestación, le negaron la autorización de la interrupción del embarazo pues la legislación penal local establece este plazo como máximo para llevar a cabo el procedimiento. Por esta razón, la menor tuvo que llevar a término el embarazo y dio a luz.

Pese a que la Norma Oficial Mexicana 046 y la Ley General de Víctimas reconocen el derecho a la interrupción del embarazo para las víctimas de violación, pese a que el aborto por violación es legal en todos los estados del país, las niñas siguen enfrentando la revictimización al ser forzadas a llevar a término un embarazo, como en el caso de Jimena en Hidalgo. Mientras el Estado no pueda garantizar que las niñas vivan libres de violencia sexual, tendrá que asegurar, al menos, que las leyes se cumplan para darles acceso al derecho de interrumpir un embarazo producto de una violación. El Estado mexicano tiene una deuda con ellas.