El congreso de Colima convocó a una serie de foros para discutir temas con la ciudadanía: alumbrado público, descuentos en transporte público, creación del consejo de la judicatura, matrimonio igualitario y despenalización del aborto. Ignoró las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y prefirió ceder al pánico moral expresado en estos foros.

El año pasado el gobernador Mario Anguiano Moreno presentó una iniciativa para reformar el código penal y civil en materia de derechos de las mujeres, incluyendo la despenalización del aborto. Lo hizo . En 2008, durante el sexenio de Silverio Cavazos Ceballos, también fue desechada una iniciativa para despenalizar. Esto fue en el contexto de las iniciativas para proteger la vida prenatal en las constituciones locales tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

Mientras que la iniciativa de matrimonio igualitario fue aprobada, la de aborto no pasó. Las resistencias de quienes legislan ya habían quedado claras: Adriana Mesina, la diputada presidenta de la comisión de salud reiteró la visión antiderechos del PAN; la titular de la comisión de Equidad de Género, Juana Andrés, del PRI, ignoró los compromisos del Estado mexicano con los derechos de las mujeres y lo dicho por la Suprema Corte en sus resoluciones sobre interrupción legal del embarazo.

Para la sociedad civil fue lamentable que prevalecieran creencias religiosas al desechar la despenalización del aborto. El presidente del Comité no Gubernamental de Derechos Humanos, Efraín Naranjo Cortés, lo consideró un retroceso y recordó que en la actualidad existe una legislación que permite el aborto legal. El aborto es legal en Colima por seis razones: violación, peligro de muerte, por imprudencia, alteraciones genéticas/congénitas graves, riesgo a la salud e inseminación artificial no consentida.

GIRE ha identificado a Colima como uno de los estados que tiene el mayor  número de causales para aborto legal. Sin embargo, esto no significa que el acceso esté asegurado. Vale la pena mencionar que dos de estas causales —salud e inseminación artificial no consentida— fueron agregadas en 2011, después de que fue aprobada la reforma constitucional estatal para proteger la vida prenatal, demostrando que ésta no es un “blindaje anti-aborto”.

En el informe , realizado por GIRE, se identificó que entre 2007 y  2012 no se autorizaron interrupciones legales en el estado por motivo de violación, de acuerdo a la procuraduría estatal de justicia y a la secretaría de salud local. Tampoco se reportaron abortos por otras causales como alteraciones genéticas graves, riesgo a la salud o peligro de muerte. Para el informe , que considera el periodo de 2012 a 2013, las instituciones locales no respondieron a la solicitud de acceso a la información de GIRE.

El Comité CEDAW recomendó en 2012 a México que armonice las leyes federales y estatales con el fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El congreso de Colima omitió esta recomendación internacional al momento de legislar e ignoró que las mujeres tienen derecho a la protección de su salud, a la autonomía reproductiva, a la intimidad y a la vida. Prefirió ceder a los argumentos que incentivan el pánico moral.

El Centro de Apoyo a la Mujer manifestó su rechazo: “El derecho a la vida de las mujeres parecen no comprenderlo y no importarles, es lamentable que haya este dictamen que rechaza la despenalización del aborto. (…) las mujeres siguen muriendo por abortos practicados en el clandestinaje”.

Colima sigue en deuda con sus mujeres, no sólo de ampliar las causales de aborto legal, sino de proporcionar los servicios de interrupción bajo las causales que actualmente existen en su legislación. El gobierno del estado debe de asegurar que todas las mujeres en Colima puedan acceder a las causales sin discriminación, revictimización o negación del servicio.

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