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Ivana, violencia institucional en La Pampa

Al personal del hospital no le importó el historial de embarazos riesgosos de Ivana, sólo que debía de cumplir con el mandato social de la maternidad
OTRAS
13/01/2016
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), como organización de la sociedad civil, promueve un debate franco e informado en torno a los derechos reproductivos, en los que se incluyen el...
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En la provincia de La Pampa en Argentina una mujer hizo pública la denuncia de que un hospital le negó el derecho a interrumpir su embarazo, el cual ponía en riesgo su salud. Ivana, con 5 meses de embarazo y 34 años, ya tiene 10 hijos y ocho cesáreas previas. Su último embarazo la dejó con una desnutrición severa. El hospital también le negó la ligadura de trompas pese a que lo solicitó en partos anteriores. Este hecho va en contra del protocolo de Aborto Legal No Punible y al fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina.

La mujer identificada como Ivana hizo pública la denuncia contra los médicos del hospital de General Pico y narró su experiencia: "Cuando me fui a hacer la ecografía el 4 de diciembre, el ecógrafo me dijo: '¡Ay, mamá! Me imagino cuando vayas a tener cómo van a estar los de la guardia, de corrida en corrida, porque tenés mucho riesgo, tenés tus tejidos mal'". Ivana aseguró tener miedo debido a su último parto donde necesito de transfusiones de sangre y terminó con un severo cuadro de desnutrición y de deshidratación. Al día de hoy sólo pesa 42 kilos.

Tuve complicaciones con el embarazo de las mellizas, alto riesgo de mortalidad, casi me iban a vaciar pero no lo hicieron, y tampoco me ligaron las trompas porque faltaba una firma de una asistente social. Todos mis hijos son prematuros, seismesinos o sietemesinos. Las mellizas pesaron 1,330 kg una y la otra 1,430 kg, y de los demás hijos ninguno llegó a los tres kilos de peso, siempre tuve embarazos de riesgo”, declaró a la prensa Argentina al tiempo de explicar que uno de sus hijos falleció.  Al personal del hospital no le importó el historial de embarazos riesgosos de Ivana, sólo que debía de cumplir con el mandato social de la maternidad, sin importar su historia.

Tras la denuncia, el ministro de salud de la provincia de La Pampa, Rubén Ojuez, informó que entró en contacto con el hospital para darle a conocer que un equipo médico del hospital Lucio Molas de Santa Rosa le practicaría la interrupción del embarazo para salvar su vida. Rubén Ojuez también confirmó que "el aborto puede realizarse a pesar del estado de avance del embarazo porque el riesgo de vida para la madre es elevado".

“Tengo mucho miedo”, aseguró Ivana, “Estoy embarazada de cinco meses y el bebé pesa 800 gramos, pero nadie me dijo que podía decidir. Yo no quería seguir porque tengo miedo por mi vida, por mis otros hijos. Le fui a decir a la doctora por qué tenía miedo y me dijo que no se podía hacer nada”.

Hasta el último momento el personal médico del hospital de General Pico se negó a proveer la atención a Ivana para salvar su vida. Todo el personal manifestó una objeción de conciencia, por lo que fue necesario que el gobierno de la provincia se hiciera cargo del traslado al hospital Lucio Molas de Santa Rosa para llevar a cabo la interrupción.  Una violación más a los derechos de Ivana, quién desde que notó su embarazó pidió información para interrumpirlo:

Le dije a una doctora, cuando no estaba todavía de dos meses, si podía interrumpir el embarazo, si no había una posibilidad porque tenía miedo. Actualmente tengo miedo, no sé qué me va a pasar”. El personal del hospital violó consistentemente los derechos de Ivana: Le negó su derecho a la ligadura de trompas, le negó información para interrumpir su embarazo y puso en riesgo su vida al permitir que continuara un embarazo de alto riesgo.

El caso de Ivana no es muy diferente al de cualquier mexicana en situación de pobreza que se ve sometida a  la violencia institucional. En México 24 entidades contemplan el aborto legal por “peligro de muerte” y sólo 14 lo consideran cuando hay riesgo para la salud de la mujer, aún así, como el caso de Ivana, obtener la interrupción legal se convierte a veces en una labor imposible.  La labor de GIRE es asegurar que se cumpla la ley para todas, particularmente las más pobres y condiciones vulnerables, así como ampliar la causal a todos los estados

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