Fracasa el Estado en Reducir la Mortalidad Materna

El Estado mexicano incumplió 14 de los 51 de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se comprometió a cumplir a principios del milenio. De haberse comprometido a reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, con lo que esta tasa llegaría a 22 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos; sólo logró reducir esta razón a 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

Eduardo González Pierce, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reconoció que existen retos en materia de mortalidad materna, ya que las mujeres que mueren se encuentran en comunidades apartadas y sin acceso a los servicios de salud.  De acuerdo con el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado por el gobierno federal, una mujer que vive en una entidad con un alto nivel de rezago social tiene el doble de riesgo de muerte durante el embarazo, parto o puerperio que una mujer de una comunidad con menor rezago.

Para el Centro de Información de las Naciones Unidas, con sede en México, el país ha reportado avances en acceso universal a la educación primaria, en la reducción de la pobreza extrema y en la reducción de la brecha de género en el sistema educativo, sin embargo persisten condiciones de desigualdad que se demuestran en los indicadores de ingreso laboral, mortalidad materna e infantil, salud y medio ambiente.

En comparación con la región, países que generalmente tienen mayores índices de mortalidad materna y menor grado de desarrollo que México, pudieron reducir la mortalidad materna. Barbados, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República  Dominicana lograron disminuir su razón de mortalidad materna, aunque tampoco cumplieron la meta de bajarla hasta un 75%. Bolivia y Honduras redujeron la muerte materna en un 61%.

El informe Niñas y Mujeres sin Justicia elaborado por GIRE menciona que  “de acuerdo con análisis secundarios de datos oficiales, entre 1990 a 2013 han fallecido un total de 29,822 mujeres  por causas maternas”. El informe hace notar que el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel estatal es desigual. Mientras que Tlaxcala cumplió con disminuir la muerte materna en un 75%, en estados como Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo vieron un aumento en la razón de muerte materna. En Coahuila pasó de 12 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos en 1990 a 27 muertes maternas por cada 100 mil habitantes.

El aborto, aún penalizado en la mayoría del país, sigue siendo una causa importante de muerte materna. 2,186 mujeres murieron por esto entre 1990 y 2013, de las cuales 279 fueron adolescentes de 15 a 19 años y 11 niñas de 10 a 14 años. El perfil de las mujeres que muere corresponde al de las más vulnerables: mujeres sin escolaridad, ni afiliación ni cobertura en salud

La muerte materna es un reflejo de las múltiples violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de atención obstétrica. Las deficiencias del sistema de salud continúan contribuyendo a que niñas y mujeres mueran por causas obstétricas. El acceso a la justicia para las familias es precario o nulo. Los diferentes mecanismos de queja existentes carecen de una perspectiva de derechos humanos, no son accesibles y no permiten la reparación integral a las víctimas.

El informe Niñas y Mujeres sin Justicia tiene una serie de recomendaciones para disminuir la mortalidad materna y asegurar el acceso a la justicia de las familias - particularmente hijos e hijas - de quienes fallecieron.  El Congreso de la Unión debe reformar la Ley General de Salud para incluir la salud reproductiva como materia de salubridad general y aprobar el Convenio Interinstitucional para la Atención Universal de Emergencias Obstétricas en las leyes de todas las instituciones que conforman el sistema de salud. La implementación de esta permitiría atender a las mujeres con urgencias obstétricas independientemente de su derechohabiencia y su capacidad económica. La implementación de medidas preventivas, asegurar la referencia oportuna y una red de funcional de atención son indispensables, así como integrar progresivamente a parteras y a otros profesionales de la salud no médicos a la atención de la mujer.