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Legislar contra los derechos reproductivos

Parece que los legisladores latinoamericanos en Chile, República Dominicana y México, ceden a la ideología conservadora y se niegan a asegurar los derechos sexuales y reproductivos
15/07/2015
16:53
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En República Dominicana la Cámara de Diputados se enfrenta a los sectores fundamentalistas del país caribeño debido a un anteproyecto que busca asegurar los derechos sexuales y reproductivos.

Esta ley ha sido propuesta ya en 2012 por Víctor Manuel Terrero el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA), quien también había sido presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.  Entonces apeló al “[…] sano juicio, buena fe y bondad humana que deben caracterizar y regir las decisiones e interpretaciones de quienes legislan a favor de todos y todas. El aún director del organismo dominicano criticó en su momento la penalización absoluta de la interrupción del embarazo que se proponía en la reforma del código penal.

“El endurecimiento de las penas contra médicos y mujeres previsto en las modificaciones sugeridas violenta la Constitución de la república, viola los derechos de las mujeres y da la espalda a todos los convenios internacionales”, declaró. En diciembre del año pasado el presidente Danilo Medina enmendó la plana al poder legislativo al devolver el Código Penal e incluir excepciones para el aborto legal.

El texto aprobado que entrará en vigor un año después de su aprobación, es decir, en diciembre de este año,  despenaliza el aborto en tres casos: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto y cuando las malformaciones del producto son incompatibles con la vida. Estas excepciones son el piso mínimo para comenzar el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, son las mismas que el poder legislativo chileno ha aplazado discutir.

El Tribunal Constitucional está por resolver tres recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la reforma al Código Penal y han arreciado los ataques fundamentalistas en contra de los derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto presentado en la comisión  tiene como objetivo establecer el marco jurídico que garantice un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos para establecer políticas públicas que prevengan y atiendan situaciones de salud, así como la revisión y actualización de normas y protocolos relacionados con aspectos sexuales y reproductivos de la salud.

Bajo el amparo de la reforma al código penal, este proyecto de ley considera el acceso a la interrupción legal del embarazo en los supuesto que fueron despenalizados en diciembre:  La interrupción del embarazo no podrá ser realizada sin la participación de un médico especialista o bajo su supervisión directa, llevada a cabo en un centro de salud pública o privada acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o de su representante legal, si la mujer sufre de alguna discapacidad mental”.

Otro de los elementos incluidos en esta ley es la protección contra la discriminación en la atención en la salud que se practica contra las personas por motivo de su orientación sexual o identidad de género. Esto ha motivado que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y el Grupo de Acción Cristina, en alianza con la iglesia católica se lancen en contra del proyecto.  Los ataques han motivado que los sectores más conservadores del legislativo se preparen a detener el reconocimiento de estos derechos en la ley dominicana.

El presidente de la cámara de diputados, Abel Martínez Durán retiró de la agenda el proyecto, de manera totalmente unilateral y sin tomar en cuenta el debate democrático.  A la sesión acudieron tanto grupos feministas como organizaciones religiosas, las cuales no tuvieron oportunidad de presenciar la discusión debido al retiro de la propuesta.

Si la Comisión de Salud solicita que el proyecto se reintegre podría ser discutido en las sesiones del mes de julio, de lo contrario  pasaría a la próxima legislatura.  Al igual que en Chile, donde pese al apoyo de la presidenta Bachelet la discusión sobre aborto ha sido postergada,  parece que los legisladores latinoamericanos en Chile, República Dominicana y México, ceden a la ideología conservadora y se niegan a asegurar los derechos sexuales y reproductivos.

 

 

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), como organización de la sociedad civil, promueve un debate franco e informado en torno a los derechos reproductivos, en los que se incluyen el...

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