Diagnosticar la seguridad

En repetidas ocasiones el gobierno federal ha insistido que la situación del país en materia de seguridad está mejorando. ¡Enhorabuena! Las cifras favorecen su interpretación de la realidad pues la mayoría de los índices delictivos van a la baja y todo pareciera indicar que la ola de crimen registrada durante la administración de Felipe Calderón está por concluir. Desde una perspectiva estrictamente cuantitativa la reducción de la actividad delictiva es una gran noticia, pero permea todavía la percepción de inseguridad entre los habitantes. Además, hechos como los registrados en Jalisco y Michoacán no reafirman la evidencia numérica. Persiste la duda, ¿las condiciones de seguridad en el país han mejorado realmente?

Como sociedad hemos dedicado gran cantidad de recursos para eliminar este problema. Basta con mencionar el despliegue de Fuerzas Armadas en operativos especializados, la creación de cuerpos policiacos como la Gendarmería Nacional, la implementación de programas sociales como Nos Mueve la Paz, transferencias como el FASP o el SUBSEMUN, entre otros conceptos. La finalidad de estas estrategias busca establecer condiciones de seguridad en el territorio. Evaluar si cada una de estas acciones tendrá un efecto significativo en las condiciones de seguridad no solo requiere evidencia empírica confiable sino que es preciso partir de un diagnóstico correcto (o lo más correcto posible) del obstáculo más importante en esta materia. De esta forma, se pueden diseñar e implementar estrategias que logren el mayor impacto.

Este planteamiento es un paralelismo de la plataforma diagnóstica del crecimiento económico propuesto por Hausmann, Rodrik y Velasco. Estos autores cuestionan la aplicación de reformas económicas de carácter general pues en ocasiones, los efectos de determinada política pueden ser nocivos en una economía, mientras que, en otras sí funcionan. En este caso, cuestiono la aplicación de reformas masivas en materia de seguridad (en ocasiones calcadas de otros países) pues no es del todo claro que las estrategias funcionen con la misma eficacia.

Un fenómeno tan complejo y con tantas variables involucradas requiere identificar cuál es el obstáculo más importante si no se pretende desperdiciar recursos en políticas con buenas intenciones pero con resultados dudosos y hasta contraproducentes. En el entendido de que tanto el crecimiento económico y la inseguridad  son fenómenos multicausales, resulta apropiado partir de premisas similares.

En el caso del crecimiento económico la primera variable a estudiar es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Es posible analizar teóricamente este fenómeno a partir de modelos matemáticos que van desde el modelo más sencillo hasta modelos de crecimiento endógenos. En cambio, no es totalmente claro qué variables son las idóneas para estudiar la inseguridad. De hecho, el primer desafío consiste en llegar a un consenso de lo que es la seguridad (y dejar de confundir crimen con seguridad).

No pretendo discutir cuál es la definición más adecuada de este término pues existen diferencias entre las disciplinas sociológicas, jurídicas, criminalísticas y económicas por lo que lograr el consenso es difícil. Por el momento, parto de una definición económica de la seguridad. En este sentido, la seguridad es un bien provisto por el gobierno o por privados que consiste en la protección de derechos ante la existencia de amenazas externas o internas. Cabe destacar que la teoría económica considera que la seguridad es el ejemplo típico de un bien público puro. Recordemos que las características esenciales de este tipo de bienes son la imposibilidad o ineficiencia de la exclusión del consumo y la no rivalidad. En realidad, es incorrecto asumir llanamente que la seguridad es un bien público puro como se suele afirmar pues es fácil probar que existe la posibilidad de excluir a ciertas personas de su consumo (zonas no patrulladas en una ciudad) o bien la rivalidad de las fuerzas policíacas cuando todas están ocupadas y se presenta una emergencia.

De manera tangible, la seguridad puede ser vista como un conjunto de bienes que de manera agregada, le otorgan a la población certeza sobre sus derechos ante amenazas de privados. En otras palabras, la seguridad requiere una combinación de normas, leyes, un sistema de justicia, policías, alumbrado público, mecanismos de prevención, entre otros elementos. Cada combinación nos dará como resultado cierto nivel de seguridad que se proveerá a cada persona y difícilmente, dicha asignación será homogénea. El hecho de que la seguridad consista de muchos bienes dificulta su tratamiento como bien público.

Esta definición de la seguridad carece momentáneamente de un elemento muy importante dentro del análisis: las expectativas de la población en torno al funcionamiento de estos bienes. Por ejemplo, los individuos pueden percibir que en caso de ser víctimas de algún robo la policía atrapará al ladrón, el proceso de justicia comenzará y se resolverá adecuadamente conforme al marco legal. También, pueden percibir lo contrario y no tener incentivo alguno de denunciar el delito por la creencia (fundada o no) de que esto servirá.

Por lo tanto, las posibles causas detrás de la inseguridad se pueden plantar de forma muy esquemática desde el punto de vista de la provisión de seguridad y por otro, desde la experiencia de la población y las unidades económicas frente a la delincuencia y a cómo se protegen sus derechos. Un escenario en el cual los individuos se enfrentan a delitos cotidianos con alta frecuencia y los bienes asociados a la seguridad no funcionan adecuadamente, generará un deterioro de la seguridad y en el mediano plazo, el delito se percibirá como algo normal.

En este diagnóstico, las altas tasas delictivas representan un insumo para determinar caso a caso a qué tipo de amenazas está expuesta la población. Entonces, sería oportuno generar índices de delincuencia organizada y delincuencia tradicional, coeficientes de especialización delictiva a partir de encuestas de victimización, así como indicadores de respuesta y confianza institucional. A su vez, se requiere estudiar caso a caso las instituciones de procuración e impartición de justicia, el marco legal tanto local como federal, el funcionamiento de los cuerpos policiacos, el sistema penitenciario, entre otros factores.

Es muy probable que elaborar este diagnóstico a nivel nacional sea complejo y cada investigador llegue a conclusiones distintas que deriven en propuestas de política encontradas, por ende, la elaboración de estos diagnósticos de seguridad se recomienda en unidades geográficas más específicas como regiones o entidades.

Si no se realizan estas investigaciones y seguimos apostando el todo por el todo, creyendo que una estrategia nacional arreglará los problemas cual varita mágica es probable que las condiciones de seguridad no mejoren. Peor aún, ¿cómo podemos garantizar que la ola de crimen no se repetirá en algunas entidades?

El pilón: Recomiendo ampliamente leer El lenguaje de juego de Daniel Sada. Este autor retrata la criminalidad, las vicisitudes de la familia Montaño en su afán por dejar atrás la miseria con una pequeña pizzería en San Gregorio, la decisión de un adolescente en búsqueda de una vida independiente, la llegada del Ejército, entre otros aspectos de la realidad de Mágico (país imaginario demasiado parecido a México). Cito el siguiente fragmento:

De cualquier forma apenas eran brotes de lo que había empezado a suceder: la ufana delincuencia incontrolable, pero para un emprendedor qué esquivación. Descarte, por lo pronto, habida cuenta de que por lo común la criminalidad es un salpique cuya incidencia ocurre como ocurren las lluvias torrenciales. Un realismo eventual. Un día sí y quince no. Un decurso maldito que no puede durar tanto.

Manuel Alejandro Vélez Salas

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

Twitter: @ObsNalCiudadano