El conflicto de interés en el ámbito internacional: ¿cómo proteger el derecho a la salud y la alimentación adecuada?

Por Marisa Macari de El Poder del Consumidor

Twitter: @elpoderdelc

Recientemente se han generado importantes investigaciones que detallan cómo las regulaciones a nivel nacional son influenciadas por la Gran Industria de Alimentos y Bebidas. En México, las principales batallas se han librado en torno a las regulaciones para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, la de publicidad de comida chatarra dirigida a niños y el impuesto a bebidas azucaradas, todas ellas se han caracterizado por una fuerte intervención de los intereses corporativos de la Gran Industria de Alimentos y Bebidas, como resultado de esto, las regulaciones han quedado débiles y con criterios laxos.

En México y otros países existe evidencia de cómo la industria refresquera ha trabajado para evitar la aprobación de un impuesto al refresco. Un ejemplo de esto se dio en los Estados Unidos, de acuerdo a un estudio del Center for Science in the Public Interest tres miembros de la Gran Industria de Bebidas -la Asociación Americana de Bebidas, Coca-Cola y PepsiCo - gastaron al menos 67 millones de dólares (EE.UU.) entre 2009 y 2016 para derrotar el impuestos a refresco y un etiquetados de advertencia en 19 ciudades y estados.

Lo que poco se conoce es que en el ámbito internacional sucede la misma interferencia de estos poderes. Las grandes empresas de alimentos y bebidas tienen una fuerte presencia a nivel internacional desde donde intentan presionar e influenciar las recomendaciones de política pública que emitan los órganos y agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas.

¿Por qué es relevante y debe importarnos esta situación? Las recomendaciones internacionales, que en muchos casos son influenciadas por los intereses corporativos, forman la base para regulaciones nacionales, y a este nivel son sometidas nuevamente a negociaciones. Es decir, que estas políticas que pueden ser adoptadas por los países, son doblemente negociadas e influenciadas por la industria y los intereses privados.

Sesión anual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Octubre 2016) durante la cual los Estados Miembro aprobaron el documento sobre la promoción de la nutrición.

Dada esta amenaza, El Poder del Consumidor (EPC) participa desde el 2015 en los procesos internacionales para asegurar que la voz de la sociedad civil sea un contrapeso a la de la industria. En particular EPC, como miembro de Consumers International, participa en el Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una plataforma de las Naciones Unidas que trabaja para garantizar el derecho a la alimentación y combatir la inseguridad alimentaria. Este comité publica documentos aprobados por los Estados Miembro que dan recomendaciones para políticas nacionales, regionales y locales para abordar el tema de inseguridad alimentaria y nutrición.

Actualmente 130 países son miembros del CSA, los cuales tienen la facultad de votar y aprobar documentos que el comité emita. Además de estos países, agencias de la ONU, como la FAO y la OMS, así como la sociedad civil y representantes del sector privado participan formalmente en el comité.

Sin embargo, no deja de ser preocupante la participación del sector privado, que incluye la Gran Industria de Alimentos y Bebidas, por ejemplo, Coca Cola, Mars Inc, Danone y Monsanto, ya que en este comité la industria está presente durante la negociación de recomendaciones para las políticas sobre nutrición, y precisamente una de las principales demandas por parte de la sociedad civil a nivel mundial es que las industrias se mantengan al margen de estas recomendaciones para evitar que los intereses económicos estén por encima del interés público.

La sociedad civil y otros miembros del comité hemos reconocido el potencial conflicto de interés que puede surgir cuando la industria está en la mesa. El conflicto de interés existe cuando el mandato principal de una organización está puesto en riesgo por intereses secundarios. Por ejemplo, en el caso del Comité de Seguridad Alimentaria el mandato para garantizar el derecho a la alimentación puede ser amenazado por la influencia de la industria, cuyo interés principal es el económico no la salud de la población.

Hemos visto, por ejemplo, que la industria busca menos regulación y en su lugar propone la autorregulación. Es decir, quieren resolver el problema de malnutrición con la venta de productos y alimentos fortificados en lugar de resolver los problemas de raíz que causan la malnutrición como un sistema alimentario roto.

La sociedad civil está trabajando arduamente para dar a conocer el tema de conflicto de interés en el CSA. Este año el comité aprobó el plan de trabajo ‘Participación del CSA en la promoción de la nutrición’, que detalla las actividades que llevará a cabo en el tema de nutrición durante los próximos años. Específicamente, la sociedad civil negoció durante un año para asegurar que este documento declare que todas las acciones serán salvaguardadas contra el conflicto de interés. Después de mucha negociación y el apoyo de algunos países, esta declaración se queda en el documento y sirve como un precedente para futuros documentos. Este es un pequeño logro, pero hay mucho más por hacer para asegurar que los espacios internacionales están protegidos contra el conflicto de interés.

Es muy importante contrarrestar el conflicto de interés tanto al nivel nacional como internacional para garantizar que los derechos a la salud, a la alimentación adecuada, de la infancia y de los consumidores siempre sean protegidos por encima de los intereses de la Gran Industria de Alimentos y Bebidas.

Sesión anual del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Octubre 2016) durante la cual los Estados Miembro aprobaron el documento sobre la promoción de la nutrición