Dentro de unos días van a iniciar los Foros de Escucha para la Ruta de Pacificación y Reconciliación Nacional de México, que organiza el equipo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Su objetivo es “Generar un espacio de diálogo para identificar propuestas que respondan a prioridades de los diferentes sectores de la población y en diferentes regiones, que serán insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional”.

Van a girar en torno a cuatro ejes temáticos que son: los elementos necesarios para materializar el Pacto de Reconciliación Nacional y la reconstrucción del tejido social, así como para el desarme, la desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada y para otorgar garantías de no repetición.

Serán sedes los estados del país con mayor violencia, las cárceles, los centros que ayudan a migrantes y algunas zonas indígenas, en un programa que se prolongará hasta octubre, en el que participarán víctimas y parientes de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, campesinos, autoridades, religiosos y empresarios.

La idea es excelente y ojalá logren lo que se proponen, pues como bien ha dicho Javier Sicilia, la pacificación del país es lo prioritario, ya que sin eso ninguna otra agenda funciona.

Y por eso quiero agregar un elemento a la propuesta, que consiste en lo siguiente: hacer también y simultáneamente el movimiento inverso, es decir, así como el gobierno va a escuchar lo que tienen para decir los ciudadanos, igual es necesario obligar a la sociedad para que ella también escuche. Porque en esta sociedad no solo hay víctimas y activistas, sino también millones que se benefician de los actos delincuenciales y millones que permanecen indiferentes. Y ellos deben también participar de este proyecto si queremos que funcione. Para eso es necesario que escuchen lo que tienen para decirles quienes saben y conocen experiencias de otros países que han tenido éxito para bajarle a la violencia. Y esto solo es posible si el gobierno le entra, pues es el único que tiene la capacidad y el poder para obligarlos a escuchar.

¿Cómo? Con la educación y con la publicidad. Pero antes que eso, con el reconocimiento de que la violencia está en lugares que ni imaginamos, como son la familia, la escuela y el barrio.

Pongo un ejemplo reciente: la Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde los estudiantes obligaron a los de nuevo ingreso a someterse a lo que llamaron “curso de inducción” y que no era otra cosa que una novatada brutal y humillante, en la que se cometieron colectivamente actos de extrema violencia contra los jóvenes, con resultado de hasta ahora un muerto y varios heridos graves. Y todo ello con anuencia y hasta complicidad de las autoridades del plantel, de las familias y de los estudiantes que no participaron.

Este caso no cabe en el esquema de los foros sobre la violencia que nos azota y allí radica el problema. Estos jóvenes son delincuentes pero no se les considera así y es de gran importancia que su acto no quede impune, porque ello genera un ánimo de permisividad que les permite seguir y ser cada vez más crueles.

Pero las familias hacen como que no pasa nada cuando un hijo es violento y grosero, cuando maltrata a un animal o insulta a una trabajadora del hogar; en las escuelas hacen como que no se enteran cuando grupos de estudiantes dominan y exigen sumisión a los demás y en las comunidades guardan silencio cuando se agrede a los diferentes. Esa sociedad que no quiere ver es a la que hay que obligar a escuchar, para que aprendan a pensar y actuar diferente.

Entonces no solo hay que preguntarle a algunos ciudadanos lo que proponen, sino también hacer que todos los demás se percaten de que son parte del problema y que deben participar en su solución.

Escritora e investigadora en la
UNAM. sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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