Se triplican agresiones a defensores de DH: ONG

elena.michel@eluniversal.com.mx

Un fuerte olor a gas invadió la casa de Alejandra Serrano Pavón. Fue el 11 de febrero de 2013, el mismo día en que el Senado de la República realizó un foro para analizar el impacto económico y ambiental del complejo comercial de inversionistas chinos denominado Dragon Mart, que se pretende construir en una reserva natural de Cancún, Quintana Roo.

La fuga de gas provocada por desconocidos no fue la primera agresión que Alejandra recibió. Antes, la integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) recibió mensajes intimidatorios en redes sociales, la ponchadura de llantas de su auto y descalificaciones públicas por parte de los representantes de Dragon Mart.

Este es un polémico proyecto de construcción de un complejo comercial, turístico y habitacional que tendría 3 mil 40 locales, 722 viviendas y una planta desaladora en un predio de 561 hectáreas. El problema es que esta obra estaría ubicada en un ecosistema a menos de 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos, localizada sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán.

Existe una cifra negra

Según estadísticas del Comité Cerezo, en los últimos cinco años, 868 defensores de derechos humanos han sido agredidos, con una tendencia al alza; y la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Accudeh) detectó, entre enero de 2011 y mayo de 2014, 334 asesinatos de activistas en ocho entidades: Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las cifras del Comité Cerezo, que recibe información de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) muestran el incremento de las agresiones. Sus reportes anuales —que van de junio a mayo— revelan que de junio de 2010 a mayo de 2011 los casos de violaciones fueron 87; en el mismo periodo que cerró en 2012, 118; en 2013, 160; en 214, 255. En el último cierre, que va de julio de 2014 a mayo de 2015, bajó ligeramente a 248 violaciones a defensores.

Los ataques van desde amenazas telefónicas, agresiones físicas, allanamiento de oficinas, acusaciones de tipo penal o desapariciones.

Desde 2012, cuando arrancó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta julio de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha resguardado a 124 defensores; 50% de las solicitudes provinieran del DF, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca.

De acuerdo con cinco ONG involucradas con este tema, los defensores de derechos humanos desarrollan su actividad en un clima de hostilidad y alto riesgo. Están bajo acecho de particulares, grupos criminales y autoridades estatales y municipales.

Debido a que gran parte de ellos no reporta los agravios oficialmente, existe una “cifra negra” y las ONG no han logrado coordinar esfuerzos para generar un padrón único, coinciden en señalar el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Servicio Internacional para la paz (Sipaz), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Peace Brigades International (PBI).

Andrea Cerami, abogado del Cemda, señala que hay una alta tasa de impunidad para indagar los casos y es nulo el trabajo con organismos de   derechos humanos locales porque éstos no son autónomos del Ejecutivo local.

“Hay muy pocas posibilidades de que se agote una investigación en estos casos. La mayoría de las veces los crímenes quedan impunes. El ataque existe en muchos sectores, pero en materia ambiental hay mucha disputa por el uso de recursos naturales y se están incrementado [las agresiones a defensores ambientales]”, explicó.

En el país no existe una cifra consolidada a nivel nacional sobre esta problemática.

La Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para defensores humanos establece que no es necesario ser integrante de una asociación, ONG o colectivo para desarrollar esta actividad, por lo que, por ejemplo, un vecino que defienda la tierra de la comunidad es, en automático, un defensor de derechos humanos.

El informe Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada —el más reciente sobre el tema y procesado por el Comité Cerezo, con base en información de otras tres ONG— incluye, por ejemplo, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, o a personas agredidas durante marchas y manifestaciones.

La coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, aceptó que los defensores más atacados son quienes protegen causas vinculadas con los recursos naturales.

“En lo que trabajamos día a día, y de acuerdo con el análisis de riesgo y los temas que cada organización maneja, [la agresión] no siempre es por parte de autoridades, algunas veces son de organizaciones criminales. Ellos necesitan protección porque al momento de defender algunas causas corren riesgo. Pasa mucho con los defensores vinculados a causas relacionadas con recursos naturales, que (...) pueden recibir agresión por grupos que tienen intereses económicos”, dijo en entrevista.

Los ambientalistas

Existen otras cifras que también revelan la gravedad del fenómeno.

En el Informe sobre ataques a personas defensoras ambientales 2014, elaborado por Cemda, se establece que tan sólo en el rubro de medio ambiente se registraron 82 ataques: 53 durante 2013 y 29 de enero a abril de 2014, las cifras más recientes en este sector.

Los lugares donde se presentaron los casos de ataques a defensores ambientales son principalmente Oaxaca, con 35; Puebla, nueve; Estado de México, ocho; Veracruz y Morelos, cada uno con seis, y Chiapas, Distrito Federal y Sonora con tres casos cada uno.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un defensor de garantías se identifica por la actividad que desarrolla y no en función de si recibe o no un pago por sus labores o si pertenece a alguna organización civil.

Las cifras oficiales y las de los informes procesados por distintas organizaciones no gubernamentales permiten identificar a Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero y Oaxaca con el mayor número de agresiones.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido una recomendación general sobre este clima de hostilidad. Sin embargo, documentó 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de enero de 2005 a mayo de 2011.

“La cuestión de las agresiones, intimidaciones y cárcel contra las personas que trabajan en ONG y sociedad civil, y hasta personas que ellas mismas no se consideran defensores de derechos humanos, pero trabajan por causas o por derechos colectivos, no es nueva. En México no es una cuestión que se dé recientemente, el problema ya lleva varios años, y esto le ha valido a México que le den varias recomendaciones a nivel internacional”, explicó el director ejecutivo de Cencos, Omar Rábago Vital.

Otro reporte titulado Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance 2013, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece que en 39% de los casos analizados la identificación preliminar o el señalamiento de los presuntos responsables no se ha establecido, “a lo cual se suma el nulo o poco avance logrado en varias de las investigaciones pendientes”.

Este informe señala que en 61% de las situaciones en las que existe una identificación preliminar de los presuntos responsables, “es notorio que un segmento mayoritario apunte a actores estatales, principalmente identificados con cacicazgos locales o grupos delictivos que ven afectados sus intereses por la labor de las personas defensoras en la zona que exhiben o confrontan sus acciones ilegales”.

En algunos casos “se ha logrado demostrar la aquiescencia o consentimiento de actores gubernamentales”. Al respecto, resalta que en 23% de los casos se identificó la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos.