Los recientes desastres naturales como los huracanes y temblores —especialmente los ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017— han generado un llamado importante de parte de la sociedad. En lo inmediato, a destinar recursos materiales y humanos para rescatar a las personas y atender a los damnificados, posteriormente para iniciar la reconstrucción por los daños ocasionados.

Los efectos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía no es un ejercicio fácil. CitiBanamex al día siguiente del sismo sacó una estimación desde mi punto de vista precipitada, al decir que sólo reduciría una décima el crecimiento este año. Algunos analistas han alegado que la suspensión de labores no fue generalizada en todo el país y que incluso las inversiones para realizar la reconstrucción podrían tener un efecto multiplicador favorable en la actividad económica el próximo año.

Sin embargo, como advertimos hace dos semanas la economía mexicana antes de los sismos ya traía una tendencia de desaceleración, comentada posteriormente por varios analistas en varios medios , lo que obligaría a revisar a la baja de nueva cuenta las proyecciones de crecimiento. Esto es, habría que distinguir esta tendencia de efectos colaterales posteriores que pudiesen acarrear las afectaciones de los desastres naturales.

Será inevitable reasignar los recursos en el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado el pasado día 8. También, podría implicar la decisión de aligerar el proceso de consolidación fiscal contemplado para el 2018 y/o implementar un nuevo plan de austeridad, que contemple la reducción de gastos electorales o no prioritarios como los gastos de comunicación social, entre otros.

Meterle tijera a un presupuesto que venía con la promesa de concluir dicha consolidación el próximo año no será tarea fácil y menos cuando se requiere enfrentar urgentemente la emergencia nacional. Lo más sensato sería posponer ese proceso para el siguiente gobierno. Insistir en una estrategia de política económica restrictiva monetaria y fiscalmente, por la vía del gasto público, porque se ratificó el acuerdo de no modificar impuestos, apelando a la resiliencia de la actividad económica, sí nos puede meter en escenario recesivo.

Por otra parte, el optimismo para concluir la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin complicaciones se vio seriamente afectado esta semana por dos noticias.

La primera fue la notificación hecha por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) al Congreso el viernes pasado, con 180 días de anticipación de posibles cambios a las leyes comerciales, lo que implica que el gobierno de Trump tendría que alcanzar un acuerdo con México y Canadá el 22 de diciembre —90 días antes de la firma— y publicar el texto el 22 de enero —60 días antes— esto es, el 22 de marzo de 2018.

La USTR enfatizó que este calendario es necesario para que se cumpla con lo establecido por la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio de 2015 (TPA), cuya vigencia expira el 1 de julio; por lo que en caso de no lograr un acuerdo en esa fecha, la Administración Trump deberá pedir su extensión.

Cabe comentar, que dicha vigencia es la misma que se aprobó para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), por lo que tampoco resulta ninguna novedad, pero algunos no la tenían en el radar.

Lo anterior, se liga con la segunda difundida por EL UNIVERSAL el lunes pasado, que en la tercera ronda de negociaciones que comenzó en Ottawa el pasado día 24, se entraría a temas más difíciles entre los que destacan las reglas de origen, muy sensible para la industria automotriz y especialmente para al compañías asiáticas y europeas, lo mismo que la discusión del rubro de inversión, donde está latente la intención de EU de suprimir el Capítulo 19.

También destaca por su posible complicación, el tema laboral, porque en otros como la energía ya se sabe que hay un acuerdo previo, que llevaría lo alcanzado en la reforma energética de 2014 al cuerpo del tratado, para evitar que esto sea modificado por el próximo gobierno.

Provocó suspicacias y se entendió como una estrategia de presión hacia los socios, que la USTR hiciese la notificación antes del inicio de la ronda, cuando todavía tenía margen para hacerlo después. Tampoco podemos saber con certeza si esto es así, porque como las negociaciones son secretas a lo mejor fue México quien lo sugirió. Algunas dudas podrán despejarse cuando concluya.

Reconozco que Robert E. Lighthizer, jefe de la USTR, es un buen jugador de póker, apostando fuerte cuando ve a sus rivales desconcertados o en desventaja.

México podría usar el tema de energía como elemento de presión, pero no creo que quiera jugar de esa manera y mucho menos cuando otros temas como la migración y la seguridad fronteriza están fuera de las negociaciones, porque así lo aceptó para “no contaminarlas”.

Catedrático de la EST-IPN.
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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