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Cuatro universidades públicas idearon un esquema para subcontratar a empresas particulares que realizaron en su lugar servicios por 831 millones 141 mil 900 pesos que previamente les habían asignado las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“Estos esquemas le permitieron simular los servicios, contratar proveedores y personas por honorarios asimilados sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana”, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte sobre la Cuenta Pública 2015.

Se trata de las universidades Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, Politécnica de Texcoco, Tecnológica de Nezahualcóyotl, y Tecnológica del Sur del Estado de México.

La auditoría halló que la UAZ, en conjunto con Sagarpa, simularon un esquema a través de cesión d e derechos suscritos con los beneficiarios de los apoyos, para que la dependencia pudiera transferir los recursos.

El auditor corroboró que para la ejecución de los 36 proyectos asignados, la universidad contrató a 16 proveedores, y pagó a 624 personas por honorarios asimilados a sueldos y salarios.

“Erogó diversos gastos que no son inherentes a la operación por la cantidad de 205 millones 393 mil 900 pesos, no obstante haber manifestado que tenía la capacidad técnica y humana para desarrollarlos, y la diferencia por 14 millones 36 mil 100 pesos, los consideró como cuotas administrativas, sin presentar la documentación comprobatoria de su aplicación”, menciona el reporte.

En las otras tres auditorías que realizó, la ASF ubicó esquemas de operación similares por parte de las universidades Politécnica de Texcoco, Tecnológica de Nezahualcóyotl y Tecnológica del Sur del Estado de México, en los convenios que realizaron las instituciones con la Sedesol, por 605 millones 302 mil 800 pesos.

Estos convenios fueron de 156 millones 478 mil 900 pesos en el caso de la Universidad de Texcoco, 312 millones 738 mil 700 pesos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y 136 millones 85 mil 200 pesos en servicios contratados con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México.

Las universidades contrataron 100% de los servicios convenidos con la dependencia federal, pese a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su Reglamento explica que las instituciones sólo pueden contratar como máximo 49% del monto convenido.

En una operación idéntica, el auditor resalta el hecho de que en los convenios, las universidades, para cumplir con el objetivo suscrito con la Sedesol, contrataron los servicios con proveedores que tampoco realizaron los servicios solicitados por la universidad.

Se constató que estos proveedores transfirieron los recursos recibidos de las tres universidades, a 26 empresas y seis personas físicas, sin que existiera contrato o constancia que justificara los pagos y los servicios que no fueron realizados. Se constató que estas personas morales y físicas tampoco les pagaron a los coordinadores técnicos sociales, objeto primario del convenio suscrito con la Sedesol.

“Estos esquemas le permitieron simular los servicios, contratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana”, menciona el informe enviado a la Cámara de Diputados.

Esta no es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades similares con respecto a la contratación de servicios que hace el gobierno federal con universidades públicas estatales.

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