En la exclusión e indiferencia así viven más de un millón 380 mil mexicanos afrodescendientes en el país, acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de presentar algunas medidas y acciones para tener un sistema jurídico y políticas públicas que los reconozcan.

Al presentar el “Estudio Especial sobre la Situación de la Población Afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015”, Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora de la CNDH, alertó que el 6.6% de los menores afrodescendientes no cuenta con registro de nacimiento; 18% no cuenta con filiación a algún tipo de servicio o sistema de salud.

Mencionó que el promedio de escolaridad entre mujeres de 15 años y más es de 9.4 años, y de 9.7 años entre los hombres; además que más del 40% de la población ocupada no cuenta con prestaciones de ley en su trabajo; 47.1% de los hogares aún cocinan con leña o carbón; 40% tiene techo de material de desecho o láminas y 15% carece de agua entubada.

“Cuando un grupo de la población no es reconocido explícitamente con derechos propios, se le priva de las oportunidades que se les dan al resto de las poblaciones y con ello se le está impidiendo su autorrealización.

Las poblaciones afrodescendientes no existen para gran parte de la sociedad mexicana ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano, y por ello actualmente demandan ser socialmente visibilizados y ser legalmente reconocidos, como  elementos necesarios para la satisfacción de sus requerimientos culturales y socioeconómicos”, enfatizó.

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