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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó la necesidad de que los sectores de la sociedad sumen esfuerzos “para combatir las causas que generan las situaciones de vulnerabilidad, la cual está siendo aprovechada por la delincuencia organizada para captar a los jóvenes y obligarlos a que participen en actividades delictivas”.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, insistió en que “se deben sumar esfuezos de las autoridades, las familias, la sociedad civil y las universidades para combatir las causas que generan las situaciones de vulnerabilidad”.

En un comunicado, el organismo que preside Luis Raúl Gónzalez se pronunció por expedir la Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes y generar mecanismos para construir en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con ese sector.

Destacó que la falta de información adecuada, la incertidumbre sobre su futuro, así como los estereotipos sociales, son algunos de los factores que colocan a los jóvenes en un estado de vulnerabilidad.

“Los jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas con perspectiva de juventud que consideren los ámbitos social, económico, político y cultural, que permitan la transformación de su realidad y el ambiente propicio para la construcción de su personalidad adulta”, señaló esa Comisión Nacional.

Indicó que la violación de los derechos de los jóvenes se evidencia en la discriminación que sufren en mayor medida por su apariencia física, por la falta de oportunidades de desarrollo, de educación, empleo y la transgresión a sus derechos de libertad e integridad.

“El tránsito de la adolescencia a la edad adulta trae consigo la búsqueda de una identidad propia y de un sentido de pertenencia, por ello resulta prioritario enfocar los recursos para la atención de las personas que pertenecen a diversos grupos juveniles, destacando aquellos que viven con discapacidad, quienes pertenecen a la población LGBTTTI, quienes viven con VIH, poblaciones callejeras, los jóvenes indígenas, migrantes y quienes enfrentan algún proceso de justicia”.

Subrayó que el Estado tiene la obligación de reconocer a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades”.

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