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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a la mesa de negociación que sostiene con la Secretaría de Gobernación la demanda sobre la liberación de 25 personas, en su mayoría indígenas de Oaxaca, que después de realizar una manifestación fueron encarcelados sin tener pruebas, hecho ocurrido en junio de 2015.

Eligio Hernández, coordinador de prensa de la Sección 22 de la CNTE informó lo anterior al señalar que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención de estas 25 personas fue arbitraria  y viola los derechos a la libre expresión a manifestarse.

En la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, leídas en la conferencia de prensa por la abogada Mayem Pilar Arellanes solicitó al gobierno federal liberar de inmediato a las 25 personas que siguen detenidas y conceder una compensación a las mismas.

El 7 de junio del año pasado, la Sección 22 de la CNTE convocó a una "marcha de los pies cansados" en el Valle central de Oaxaca, al término de la misma fueron detenidas 86 personas, de las cuales 61 fueron liberadas y 25 quedaron detenidas, la mayoría vinculadas con el Frente Popular Revolucionario, a quienes se les acusó de terrorismo y portación de bombas molotov.

Al respecto, Eligio Hernández de la Sección 22 de la CNTE, comentó que exigirán la libertad de todos los presos políticos, "porque para nosotros, no son presos aislados, son nuestros presos, entonces sí hay un asunto de justicia donde estamos planteando la libertad", sostuvo.

Por su parte, Maurilio Santiago, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, mencionó que el gobierno federal tiene que dar de inmediato respuesta a este resolutivo de la ONU.

Reconoció que si bien este resolutivo no es vinculante por lo que no obligan al Gobierno a acatarlo, "hay que recordarle que esta es una opinión emitida por expertos de la ONU".

Al respecto la abogada Mayem Pilar, mencionó que México forma parte de la ONU y está obligado a acatar dicho resolutivo. Sin embargo aclaró que se buscará judicializar esté dentro del proceso penal.

Incluso adelantó al igual que la abogada Analy Peral, que contactarán  a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como al Gobierno de Oaxaca para que cumplan la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

John Ackerman, profesor de la UNAM, recordó que este resolutivo de la ONU tiene el mismo peso que una recomendación de la CNDH.

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