La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 18/2016 al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, por la muerte de dos bebés en el estado de Chiapas por la aplicación de una vacuna, aunque determinó que ésta no estaba contaminada ni en mal estado.

En un comunicado, el organismo nacional detalló que la recomendación se dirige también al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, pues los hechos ocurrieron en la Unidad Médica Rural del IMSS La Pimienta, en el municipio de Simojovel.

La CNDH tomó el caso a partir de una nota periodística que fue publicada el 9 de mayo de 2015, que refería la muerte de dos bebés y la hospitalización de al menos 37 más, a consecuencia de la aplicación de una vacuna.

El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, instruyó iniciar una queja de oficio para investigar los hechos, pues se decía también que las vacunas pudieran estar contaminadas o en mal estado.

Tras investigar los hechos, un equipo de la CNDH —integrado por médicos, visitadores y abogados— confirmó que el 8 de mayo de 2015 se aplicó la vacuna a través del programa IMSS-Prospera.

A raíz de ello, 29 niños —de cero a tres meses de edad— estaban internados; cuatro de ellos presentaban estado grave de salud, 13 estaban en estado crítico y 12 más permanecían en observación.

La CNDH constató que fueron 31 menores de edad vacunados, de los cuales dos perdieron la vida y 29 tuvieron reacciones al fármaco.

Los niños fueron llevados por sus padres a la Unidad Médica Rural La Pimienta, luego de que presentaron síntomas como “llanto constante, inapetencia, respiración muy rápida, cuerpo caliente, mucha sed, sueño, temblor y sudor frío”. Dos de los bebés fallecieron camino al centro de salud.

“Concluida su investigación, la CNDH considera que no existe evidencia suficiente para determinar que las vacunas estuvieran contaminadas o en mal estado, y concluyó que la infección de los menores de edad por patógenos oportunistas se produjo durante el procedimiento de manejo y mecanismo en la aplicación de la misma”.

Determinó que no se cumplió “con las obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud que propiciaron las condiciones para que tuvieran lugar las afectaciones en los menores de edad, mismas que son imputables a servidores públicos del IMSS”.

Además, encontró elementos para acreditar violaciones a los derechos de las niñas y niños vacunados, y a los de sus padres, en específico los relacionados con la protección a la salud, a la vida, integridad personal y al interés superior de la infancia.

El IMSS informó que dará cumplimiento a la recomendación y que “realizó una revisión detallada, se emitieron acuerdos por parte del Consejo Técnico para autorizar la atención médica vitalicia a los afectados y el pago de indemnizaciones en casos que resultaron procedentes”. Implementó, además, medidas correctivas y preventivas para evitar hechos similares.

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