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Resalta Robles avances para convertir campo en motor de paz social

La titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, impartió la conferencia magistral La Política de la Tenencia de la Tierra del Estado Mexicano, en el Colegio de Defensa Nacional

Foto: Especial
Nación 26/05/2016 15:23 Actualizada 15:23
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La justicia itinerante es parte de una serie de acciones en las que trabaja el gobierno de la República para dar asesoría en esa materia, lo cual se complemente con la nueva Ley Agraria.

Se impulsa con ello, la creación de autoridades jurisdiccionales con autonomía para resolver los conflictos de la tierra y una Procuraduría Agraria para dar asesoría y responder con modernidad al campo mexicano, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.

Ante militares de diferentes rangos, alumnos de la maestría en administración militar para la seguridad interior y defensa nacional, la funcionaria subrayó que "nuestro compromiso es que la tenencia de la tierra esté bien regulada, y de ser un conflicto social se convierta en un proceso de certeza jurídica, de seguridad patrimonial, y en consecuencia, de paz social que impacte en la tranquilidad del país.

Rosario Robles impartió la conferencia magistral La Política de la Tenencia de la Tierra del Estado Mexicano, en el Colegio de Defensa Nacional.

Ahí, dijo que el sector agrario tiene una gran relevancia para el funcionamiento del país, “ya que lo rural alimenta a lo urbano” e indicó que en los recientes ocho meses se han resuelto 31 conflictos de ésta índole en diferentes regiones del país, en una superficie liberada de unas 71 hectáreas, a favor de más de 10 mil beneficiarios.

La titular de la Sedatu, Recordó que luego de la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992, que establece mecanismos para el ordenamiento, la regularización y la privatización de los ejidos, a través del dominio pleno, sólo 4 mil 818 núcleos agrarios han optado por éste.

“Después de más de 20 años de esta reforma, solamente el 15% de los núcleos agrarios ejidales han pedido el dominio pleno, es decir, todavía una gran parte de los núcleos agrarios siguen siendo dueños de sus tierras y parcelas, y representan el 2.5% del reparto agrario nacional, y esa idea de que se iba a privatizar se rebate con esta cifra tan elemental”, destacó.

Insistió en que para el gobierno de la República, es prioridad abatir el rezago en materia agraria con mecanismos que permitan agilizar los trámites en la materia.

“Homologando criterios de actuación, sistematizando los procesos y regularizando evaluaciones periódicas se logró que sólo en tres meses se eliminara el rezago de 153 mil trámites, y ahora 124 mil familias cuentan con documentos que acreditan la propiedad de sus tierras, otorgándoles certeza jurídica y patrimonial”.

Destacó la importancia de coordinar esfuerzos con otras dependencias, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, con la cual se trabaja para erradicar prácticas de corrupción que en muchos casos retrasaban la expedición de los títulos y certificados agrarios.

“Nosotros abatimos el rezago en tres meses, lo hicimos de manera gratuita, y con el operativo de usuario simulado, empezamos en una entidad de la República donde teníamos denuncias y logramos que el operativo fuera exitoso, actuó el Ministerio Público junto con la Función Pública”, comentó.

Señaló que se promueve una cultura agraria en la que hombres y mujeres del campo tienen la oportunidad de decidir su propio destino respecto al derecho, goce y disfrute de sus tierras.

"Muestra de ello es el Fondo Minero, incluido en la reforma fiscal, impulsada por el gobierno del Presidente Peña Nieto, que tiene como objetivo fundamental beneficiar la población de 199 municipios de 25 estados con producción minera y dar sustento a los proyectos de infraestructura y equipamiento básico que contribuyan a su desarrollo y arraigo.

 

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