Descalifican a expertas del GIEI

Abogado las señala de haber violado derechos humanos en sus respectivos países

Acusan a Ángela María Buitrago de no tener calidad moral para investigar a las Fuerzas Armadas y su participación en el caso Iguala (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 22/12/2015 02:29 Juan Omar Fierro Actualizada 05:23

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal (CCSJP) arremetió una vez más en contra de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participan en la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, por considerar que dos de sus integrantes han violado derechos humanos cuando eran funcionarias en sus respectivos países.

El presidente de la organización, José Antonio Ortega, explicó que en el caso de Ángela María Buitrago, hoy experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y anteriormente ex fiscal General de Colombia, ordenó investigar al coronel colombiano Luis Alfonso Plazas Vega.

Agregó que en su calidad de fiscal Buitrago acusó de manera formal al militar retirado de participar en la desaparición de 11 civiles y la presunta ejecución extrajudicial de otras personas, delitos cometidos durante el asalto del Ejército de Colombia a la Suprema Corte de ese país, cuya sede había sido tomada por el grupo insurgente M-19 para exigir un juicio sumario al entonces presidente Belisario Betancour, acción que derivó en la muerte de 98 personas.

Durante más de ocho años, el coronel Plazas Vega fue investigado por el testimonio de un ex cabo y de la hermana de una desaparecidas, los cuales fueron desestimados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que emitió una sentencia que el pasado 17 de diciembre echó abajo las imputaciones realizadas por Ángela María Buitrago en contra del coronel Luis Alfonso Plazas, mismo que fue liberado y absuelto de todos los cargos.

Ortega Sánchez agregó que para su organización la resolución comprueba que la actual experta del GIEI y ex fiscal general de Colombia violó los derechos humanos de una persona por su afinidad con el grupo guerrillero M-19, y acusó que esa acción pudo haber sido financiada por el extinto capo Pablo Escobar Gaviria, según el testimonio de algunos sicarios. No obstante, ex militantes de ese grupo insurgente han rechazado esa posibilidad.

Acusó a la actual investigadora del GIEI de no estar capacitada y de no contar con calidad moral para investigar a las Fuerzas Armadas mexicanas y su participación en el caso Ayotzinapa; reiteró su exigencia de que los expertos de la CIDH dejen el país e incluso acusó a sus integrantes de querer confundir a la población con sus críticas a la investigación de la Procuraduría General de la República.

Recordó que Claudia Paz, ex fiscal general de Guatemala, también fue acusada en su momento de violar derechos humanos en una serie de investigaciones que emprendió en contra de mandos militares involucrados en la persecución de la guerrilla que se mantuvo activa en ese país centroamericano durante décadas.

José Antonio Ortega consideró que Claudia Paz y Paz también se negó a investigar los actos de corrupción del ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien actualmente es procesado penalmente en su país, por lo que tampoco cuenta con cartas para acreditar su calidad de experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ortega Sánchez es un abogado vinculado a la Iglesia católica que apoya la tesis de que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, perpetrado el 23 de mayo de 1993, fue un crimen de Estado y no una confusión como asegura la versión oficial.

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