El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que el problema de las desapariciones de personas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que se está convirtiendo -dijo- en un obstáculo que los mexicanos no han podido superar en su camino a un cultura sustentada en la observación de las garantías del hombre.

Señaló que aún y cuando hay grandes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales y del establecimiento de instituciones para su protección y vigencia, la agenda nacional en la materia tiene múltiples pendientes y desafíos que demandan una atención urgente.

En el marco del Premio Nacional de Derechos Humanos, que entregó el presidente Enrique Peña Nieto a la religiosa Consuelo Morales -y donde se hizo una mención honorífica Sandra Jiménez Loza por su trabajo en defensa de los niños y de personas con discapacidad- señaló que el problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente.

En su mensaje, el Ombudsman nacional dijo que entre estos desafíos se encuentran los relacionados con las desapariciones de personas en el país y la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Al día de hoy aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales que nos permitan distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas”.

Dijo que los problemas y retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos no se limitan, “con toda la gravedad que estos hechos implican”, a San Fernando, Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala o Apatzingán.

Pasan -indicó- por todas las personas desaparecidas, cuya situación está en espera de ser definida y sus casos investigados. Por el conjunto de fosas clandestinas y de restos humanos hallados en las mismas, cuyo número exacto está pendiente por determinarse y cada caso por investigarse.

“Por las niñas, niños y adolescentes, mujeres y demás personas que han sido y son víctimas de trata, por todas las personas que han sido privadas de la vida y cuyos casos no han sido resueltos, ni los responsables sancionados”, por los ataques a periodistas, por las condiciones del sistema penitenciario, por la desigualdad, exclusión y discriminación a indígenas y por las víctimas del abuso del poder.

Enfatizó que el compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han asumido en materia de desapariciones, debe tener un mayor reflejo en acciones concretas que dejen claro que la atención a este tema es una prioridad para todos los poderes, niveles y órdenes de Gobierno.

Advirtió: “Lo cierto es que al día de hoy nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por los organismos internacionales en esta materia”.

Por lo que se refiere al respeto y vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconoció que se han emprendido muchas acciones en este ámbito. Aunque aseguró que en contrapartida, las asignaturas pendientes y retos también son diversos.

Dijo que la Ley General aprobada en noviembre de 2014 aún espera su implementación integral. Agregó que la mayor parte de los avances sustantivos que se han dado en México en la materia no se podrían entender sin la participación de los defensores y de las organizaciones sociales.

“Han alzado la voz cuando se ha querido imponer el silencio; ante el olvido han preservado la memoria; ante el miedo han cultivado la entereza. Han optado por la verdad para contestar a las mentiras, y ante la violencia y el abuso, han decidido defender la justicia”.

Tras reconocer la trayectoria de la religiosa Consuelo Morales, el presidente de la CNDH dijo que defender y promover la vigencia de los derechos humanos en México no es una cuestión sencilla.

Enfatizó que el compromiso de las distintas instancias del Gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, de los distintos poderes y autoridades de los diferentes órdenes y niveles de Gobierno con los derechos humanos, debe traspasar el ámbito formal o discursivo.

“Y materializarse en acciones, en hechos concretos que empiecen por la debida y oportuna aplicación y cumplimiento de la ley, así como en la debida comprensión del papel de los organismos públicos nacional y estatales de la defensa y protección de los derechos humanos”.

Advirtió: “La defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, así como tampoco regirse por otro parámetro diverso a la búsqueda de la verdad”.

Se manifestó, sin demérito de los avances alcanzados por el país, por que el país emprenda una reforma ética para un verdadero Estado de derecho, sustentado -esbozó- en la vigencia de los derechos humanos, la cual implique un cambio de paradigma dentro de todos los miembros de la sociedad.

González Pérez se pronunció además a favor de la propuesta que en materia de seguridad y justicia en democracia se formuló desde la UNAM en 2011 a fin de celebrar un pacto político y social “de base amplia”, que permitiera reorientar a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrentaba el país.

“México tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos, en la que tiene la posibilidad de optar porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos y como principio básico la honestidad, fortalezca y consolide nuestro Estado democrático y social de derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país”.

Afirmó que México tiene prisa. “Las víctimas han esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad y en las instituciones, es preciso que las propias instituciones emprendamos un cambio de rumbo escuchando a la sociedad y asumiendo como eje y parámetro de la sus actos los derechos humanos”.

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