El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa dio a conocer que se está trabajando en el desarrollo de un protocolo para realizar la consulta a las comunidades mayas de Campeche y Yucatán sobre la siembra de soya transgénica en dichas entidades, la cual se prevé sea realizada en las próximas semanas.

Entrevistado al término de una reunión con el Frente Auténtico del Campo (FAC) el funcionario federal reconoció que si hubo omisiones respecto a la consulta de las comunidades indígenas de dichas entidades; indicó que respetan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN)  de otorgar un amparo a comunidades de apicultores mayas para suspender los permisos otorgados por el gobierno federal a la empresa trasnacional Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica en dichas entidades.

“Tienen razón la norma marca que la autoridad tiene que consultar a los pueblos y eso no se hizo y nosotros tenemos que cumplir  con la norma cabalmente. Queremos desarrollar muy bien el protocolo para que no vayamos a faltar a ninguna de  las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para hacer una consulta como marca la norma”, comentó.

Mencionó que seguramente la empresa Monsanto tendrá que continuar con los lineamientos de la solicitud de aprobación de la Sagarpa y la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que puedan llevar a cabo sus cultivos.

Calzada Rovirosa dijo que la introducción de organismos genéticamente modificados, transgénicos, es un debate que se lleva a nivel mundial; destacó que la Sagarpa se ha mantenido respetuosa de esa discusión y también de los estudios científicos, aseveró que hasta que las investigaciones sobre el tema no terminen darán una opinión.

“Nosotros no podemos tomar determinaciones de esta naturaleza a la ligera,  porque es una cuestión que tiene que ver con el futuro. Por eso  queremos con pies de plomo tomar determinaciones una vez que la ciencia se haya expresado completamente”, indicó.

La semana pasada, la Segunda Sala del máximo tribunal del país emitió un fallo en el que se establecieron una serie de criterios que obligan al Estado mexicano a respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas cuando un proyecto, permiso o medida provoque un impacto significativo en sus comunidades.

Por votación unánime, los ministros concluyeron que la Sagarpa violó el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2 de la Constitución.

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