CNDH y legisladores condenan violencia

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y legisladores condenaron los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, donde fallecieron 10 personas.

En un comunicado, la CNDH demandó a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva con el fin de deslindar responsabilidades y que los autores sean presentados ante la justicia.

El organismo lamentó los hechos y expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos. Envió sus condolencias al Ejército mexicano por los militares caídos durante el enfrentamiento y reiteró su reprobación a todo acto violento y cualquier conducta fuera de la ley.

La lideresa nacional del PRD, Alejandra Barrales, lamentó el ataque a las Fuerzas Armadas, que dejó cuatro soldados muertos, pero dijo que eso es la confirmación de que cada vez más el Estado está rebasado en materia de seguridad.

“Es muy lamentable, es la confirmación de que una vez más el Estado está rebasado en materia de seguridad, y es muy importante que se cumpla la ley. Que le den garantías a todos los mexicanos, para eso es la ley, para armonizar la convivencia ente mexicanos, y necesitamos que se haga valer la ley”, destacó la perredista.

Integrantes del Senado expresaron su pésame y solidaridad con las familias de los soldados asesinados y urgieron a las autoridades terminar con la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), un negocio del crimen organizado.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ernesto Gándara Camou, dijo que el espectro de violencia que rodea la ordeña de ductos debe ser investigado a fondo y aplicar las sanciones a quien haya incurrido en la violación de la ley.

Patricio Martínez García (PRI), integrante de la Comisión de Defensa Nacional, lamentó que “no va a haber fiscalía anticorrupción, ni Ejército que acabe con la criminal ordeña de combustibles de Pemex, si no se ataca el problema en su causa original y que está en el descontrol deliberado de los ductos y de quienes comercian por pipa el producto robado con un poder de fuego que ataca a las Fuerzas Armadas”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el perredista Waldo Fernández, y el vocero de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge López Martín, consideraron que después de este ataque el Estado de derecho está en riesgo porque algunos ciudadanos justifican el romper leyes con causas sociales ilegítimas.

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo el mensaje de la autoridad es claro y que el Estado de derecho se hará respetar.

Consideró que la osadía de estos grupos criminales debe tener un freno. Dijo que no es admisible que haya sectores de población civil que los respalde, aunque en realidad los usan como escudo.