En caso Ayotzinapa, van por funcionarios

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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una investigación abierta en contra del o los funcionarios que ocultaron la libreta de Sidronio Casarrubias, ex líder de Guerreros Unidos, cártel vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la cual tenía nombres y números telefónicos de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Fuentes del gobierno federal revelaron que la Visitaduría General de la PGR integra una carpeta de investigación contra personal de la dependencia que resulte responsable de haber ocultado la libreta al Grupo Interdisclipinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

El líder máximo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, detenido el 16 de octubre de 2014, heredó el cártel tras la detención de su hermano Mario. Guerreros Unidos fue vinculado a la desaparición de los normalistas luego de la detención de probables involucrados quienes señalaron que recibieron y ejecutaron a un grupo de jóvenes en Iguala.

Luego de ser detenido el 17 de octubre de 2014, en su declaración señaló que la noche de la desaparición de los jóvenes, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil, quien le informó vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario.

Según el relato, Casarrubias Salgado habría sido quien avaló las acciones para defender su territorio.

La libreta de Sidronio Casarrubias tomó relevancia porque se dijo que entre los apuntes del capo destacan nombres y teléfonos de mandos de la zona donde ocurrieron los hechos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, tanto en el nivel municipal, estatal y federal.

Esta situación provocó que el GIEI no pudiera pronunciarse al respecto, porque durante su estancia para la investigación del caso, ignoró por completo la existencia del cuaderno y sus integrantes se enteraron hasta que estaban fuera de México y no tenían mandato sobre el caso, dijeron a EL UNIVERSAL quienes en ese momento participaron dentro del Grupo.

Uno de los nombres que supuestamente sería el más sobresaliente en la lista de esa libreta del líder de Guerreros Unidos, sería el de Omar Hamid García Harfuch, actual director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Coordinador Regional de la Policía Federal. Sólo para entonces García Harfuch habría estado comisionado en Michoacán, por lo que no se le ha comprobado vínculo con el capo.

La carpeta de investigación se originó por el ocultamiento de esta libreta y al iniciar la indagatoria se descubrieron más nombres de funcionarios públicos, quienes también están bajo investigación para determinar su aparición en esas páginas.

El ex líder de Guerreros Unidos tenía aproximadamente tres meses en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes en Iguala y las primeras indagatorias señalan que apuntó nombres y teléfonos de los jefes de corporaciones de seguridad de su zona de operación y aún no está establecido si realmente mantenía contacto con ellos.

La Visitaduría General de la PGR únicamente investiga a personal operativo de la dependencia, como agentes del ministerio público, policías federales ministeriales y agentes de investigación criminal.

La investigación referente a la libreta de Casarrubias no ha sido culminada y por lo tanto no se ha emitido una resolución al respecto.

Es probable que el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una posición sobre el ocultamiento y el contenido de la libreta, se pudo conocer.

Respecto a la investigación de la Visitaduría en el Caso Ayotzinapa se emitió una resolución que determina sanción administrativa en contra de Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la AIC, quien fue señalado por su probable participación en la alteración y colocación de evidencia durante una diligencia en el río San Juan el 28 de octubre de 2014.

La resolución señala una sanción administrativa en contra de Zerón y otros ocho funcionarios por faltas administrativas en el procedimiento, como trasladar a un detenido (Agustín García, El Chereje) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan sin compañía de su asesor legal.

Al ex titular de la AIC no se le comprobó responsabilidad penal porque los videos de prueba y los testimonios de testigos no ratificaron que haya colocado intencionalmente evidencias.

Esta resolución fue impugnada por padres de las víctimas ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y el procedimiento para efectuar las sanciones correspondientes se encuentra congelado hasta que el juez emita una resolución.

El pasado 8 de mayo EL UNIVERSAL publicó que la investigación que realizó Zerón de Lucio estuvo plagada de irregularidades, de acuerdo con un informe que realizó el entonces visitador de la PGR, César Alejandro Chávez, el cual fue desechado por la Procuraduría.