Dossier. Policías del país, entre “plata o plomo”

El salario de la policía en México no corresponde con los altos riesgos que representa ejercer la profesión. Los policías locales reciben un pago promedio de 9 mil 835 pesos al mes, alrededor de 320 pesos al día, lo que equivale a cuatro salarios mínimos.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que los policías están sujetos a una “presión de plata o plomo” por parte del crimen y no existen condiciones laborales idóneas que contrarresten. Aunado a eso, las fuerzas policiales se perciben como una institución del orden público con desempeño deficiente.

Según el Índice de Paz México 2017 (IPM), los grupos de la delincuencia organizada ofrecen recompensas financieras hasta 10 veces mayores a los salarios policiales; además de que superan en poder armamentista y económico a los cuerpos policiales.

Mapa. Estatus del Mando Único por entidad

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Existen evidentes variaciones en los sueldos que perciben los policías locales a lo largo del país y la capacidad operativa; así como la insuficiencia de fondos para que puedan combatir la delincuencia y la falta de garantías en su trabajo realizado ha debilitado a estos cuerpos de seguridad.

Sinaloa sobresale en las cifras, puesto que los policías estatales perciben un salario mayor a la media, que llega a superar los 14 mil pesos mensuales, pero se coloca como el antepenúltimo estado en el IPM, ocupando el lugar 30 de los 32 estados de la República.

Los policías estatales en México perciben un salario promedio de 9 mil 236 pesos al mes y los municipales, una media de 10 mil 434 pesos.

Estados como Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur y Morelos se caracterizan por ofrecer mayor sueldo a policías municipales que a los estatales.

“Los policías preventivos están sujetos a la presión de plata o plomo de parte del crimen organizado y no hay condiciones laborales idóneas que puedan contra de ellos, es un mercado con mucho poder económico, armamentista y ejerce su presión con mucha ventaja”, afirma Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.

En seguridad social, el oficio del policía tiene grandes carencias. Al cierre de 2015, 30% de los policías municipales no contaban con Seguro Social y sólo 8% tenían seguro de vida particular, esto de acuerdo con el Semáforo de Desarrollo Policial 2015, de la Asociación Civil Causa en Común.

El mismo estudio revela que cuatro de cada 10 policías consideran que el ascenso de grados no se da de manera justa, y tres de cada cuatro nunca ha tenido uno; la falta de oportunidad para hacer una carrera policial también puede considerarse un factor en contra para que hagan bien su labor.

“Porque saben que no se respetan los ascensos, que cuando acabe la administración, a veces, se van también con ella, entonces no es un sostén seguro a largo plazo para su familia; eso sí puede hacer que se unan a grupos delictivos o que se corrompan”, añadió María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), publicada en 2016, reveló que 56% de la población considera que la corrupción es la principal causa de que la policía esté controlada por el crimen organizado.

En 2016, Veracruz, Baja California Sur y Sinaloa reportaron los números más altos de policías que, tras reprobar las pruebas de confianza, no fueron despedidos ni capacitados.

Los mismos estados presentaron los niveles más altos de reprobados en los exámenes de 2014.

La corruptela en los cuerpos policiales a nivel local llega a todos los espacios, hay municipios donde se les cobra una cuota por usar uniforme o por traer patrulla, así lo aseguró Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

“Todo eso, más allá de que pareciera una leyenda urbana, es una realidad; entonces sí les cobran incluso por el uniforme, les cobran por no ir, les cobran todo. Por eso se decía que el policía obtenía del ciudadano más de 35% de su salario, para poder compensar estas situaciones, pago de patrullas, pago de gasolina”, reveló.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano confirmó la situación que viven algunos policías municipales en el país: “En algunos casos sí, aunque no es una situación oficial y está en la ley que el gobierno les garantice esos materiales. No nada más se incumple la ley, tampoco hay ninguna voluntad para hacerlo”.

Denuncias

La falta de mecanismos internos de control y rendición de cuentas en los cuerpos policiales refuerzan costumbres inquisitorias como la tortura, producto del anterior sistema penal que no se fundamentaba en la presunción de inocencia.

Según el Índice de Paz, desde la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en noviembre de 2014, donde la policía local fue acusada de ser cómplice de un cártel de narcotráfico, la percepción de que la policía mantiene vínculos con las fuerzas del crimen se reforzó.

Otros casos reforzaron esta situación y —como el de tortura perpetrada por policías de Tanhuato contra el líder del grupo de autodefensas Enrique Hernández Saucedo, en 2014— atrajeron la atención pública a la conducta inapropiada de las fuerzas del orden.

En contraste, el porcentaje de personas que confían en la policía, desde 2012, aumentó 13% hasta llegar a 50% en 2016; la percepción general de la corrupción en los cuerpos policiacos locales disminuyó 6%, de acuerdo con cifras del IPM.

La vigilancia policial es más eficaz cuando existe un alto nivel de legitimidad en los procesos judiciales y la aplicación de la ley. Francisco Rivas apuntó que la reforma de Mando Único no es suficiente y ninguna reforma de ley lo será si “tampoco hay ninguna voluntad” para respetarla.

“El problema no es la ley, tú puedes reformarla las veces que sea, el tema es qué tanto las autoridades están dispuestas a cumplir lo que ésta dice, si estipula que debe haber un determinado desarrollo policial y no se cumple, de nada sirve aunque sea buena”, dijo.

Mando Único

La propuesta del gobierno federal de adoptar un Mando Único Policial no funciona como tal, hasta ahora se trata de un modelo mixto que deja la conformación de esta policía única a consideración de las necesidades de cada entidad federativa. Incluso los estados que dicen ejercerlo no prevén una mejora en los salarios ni en la capacitación especializada.

“Todos tienen versiones muy cercanas a mandos únicos, a pesar de que tienen verbalizado el Mando Único, en la práctica no es así. Se ha demostrado que los estados han sido muy laxos y muy poco comprometidos en cumplir con los mínimos que la ley dictamina para otorgar las competencias necesarias”, aseguró Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Ahora es una mezcolanza porque ya no va a quedar como un Mando Único, sino a la discrecionalidad de cada gobierno estatal ,si lo toman o no lo toman”, abundó el especialista Barrón Cruz sobre el tema.

“No podemos decir que ha fracasado porque no se ha implementado bien (…), podríamos decir que más bien el gobierno federal decidió empezar por el mando, pero realmente el tema del debate debe estar en el desarrollo policial, no en quién manda. Necesitamos un régimen disciplinario real, tanto de mecanismos internos de control como de cultura ciudadana, ya con eso decidir quién manda, no al revés”, compartió Morera.

“Ningún país avanzado, que tenga la mejor policía del mundo y con las mejores condiciones, sería capaz de luchar contra el mercado negro de las drogas, tiene mucho más recursos y capacidad y te amenazan en lo individual, saben dónde vives, dónde vive tu familia, no tienes alternativa”, concluyó Santiago Roel.