Encuartelan la ley para el Ejército

Diversos especialistas en temas de seguridad lamentaron que por falta de consensos y cálculos político-electorales, en el Congreso de la Unión se haya pospuesto la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el periodo ordinario que concluye el próximo 30 de abril. Sólo le quedan dos sesiones al periodo o cuatro si así lo acuerdan.

Los expertos en materia de Defensa Nacional y Seguridad explicaron que a los legisladores les interesan más las elecciones que ver por el país y detallaron los riesgos que conlleva el no avalar una ley en la materia, que le daría un marco normativo a los integrantes del Ejército en tareas de seguridad, explicaron que dejan en la incertidumbre a las Fuerzas Armadas porque continuarán sin mecanismos de control, temporalidad, objetivos y sobreexpuestos.

El especialista en temas de seguridad del CIDE, Jorge Chabat, aseguró que en este tema hubo mucha politización y una de las razones fue que hay grupos de la sociedad civil que consideran que esta ley generaría que los militares tengan más presencia en la calle, “lo cual no es exacto”, pero el Congreso decidió ya no aprobarlo y evitar más polémica.

“El Estado mexicano debe de tener un instrumento para usar las Fuerzas federales en casos donde realmente las autoridades locales están siendo rebasadas. Creo que sí hubo mucha politización en esta discusión, muchos escenarios hipotéticos demasiado exagerados que creo que no se van a dar, y la labor de algunos críticos es precisamente imaginar los escenarios más trágicos y los peores para evitar que salgan, yo creo que la idea no es mala, si ponen más controles para las Fuerzas Armadas y se utilizan en casos excepcionales, y no ha pasado porque falta consensos”, dijo Chabat.

El experto del CIDE dijo que uno de los riesgos que ve en las iniciativas presentadas es que la decisión del riesgo a la seguridad nacional recae solamente en el presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional y creo que debiera tener más contrapesos.

Sobre la preocupación de la violación a los derechos humanos que está presente en cualquier uso de la fuerza pública, pero en “esta ley no la veo”, comentó.

“El riesgo es que la situación siga cómo está, que el gobierno utilice fuerzas federales sin mecanismos de vigilancia y sin dar una información detallada. Lo malo es que no sabemos cuántas fuerzas están en qué lugar y por cuánto tiempo, con esta ley habría periodos de tiempo, objetivos y una justificación del uso de la fuerza; la decisión sólo la tendría el presidente y tendría que haber contrapesos”, dijo.

Agregó que “hay cierta inquietud en las Fuerzas Armadas porque no saben cuánto tiempo van a estar, no saben bien las reglas del juego y es lo que piden. Si vemos el proyecto del PRI es que el Ejército sea el último recurso y hay una incertidumbre para las Fuerzas Armadas y en eso tienen razón, porque quieren saber cuánto tiempo van a estar y cuáles son sus objetivos, con esta ley ganamos todos en transparencia”, comentó Chabat.

En tanto, el especialista en temas de seguridad por la UNAM y con estudios en Londres, Javier Oliva, criticó la insensibilidad e irresponsabilidad de los legisladores y pronosticó que es muy probable que en este sexenio no se apruebe una ley en este sentido por los cálculos electorales.

“Esto denota claramente la gran irresponsabilidad e insensibilidad, sobre todos los líderes de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD porque les interesa más el proceso electoral próximo, el que sea, que el futuro del país y como siempre se nota su pequeñez frente a los desafíos del país”, aseguró Oliva.

Al preguntarle a Oliva sobre los riesgos que corre el Ejército de mantenerse en las calles sin un marco legal, respondió que son la sobreexposición en el sentido de que hay una gran cantidad de servicios de apoyo a la seguridad pública y las autoridades locales no atienden sus responsabilidades.

Agregó que ha estudiado los casos de Colombia e Italia y si no hay una coadyuvancia del Congreso y del Poder Judicial las cosas no se van a resolver, aquí estamos en un escenario de una gran irresponsabilidad de estos dos poderes.

“El Ejército no merece esperar una ley después de que terminen las elecciones, esto demuestra la diminuta visión e irresponsabilidad del Poder Legislativo. No va a pasar en este sexenio, y lo digo desde ahora, en este sexenio, en esta administración y en este periodo no va a pasar porque están interesados en otro tipo de aspectos, les interesa más la cita en las urnas que su responsabilidad frente al país”, aseguró Oliva.

En tanto, Juan Ibarrola, también especialista en seguridad, urgió al Congreso a avalar un ley en esta materia, y desde su perspectiva, tiene que ser una ley de Estado y no de partidos políticos o en función de un diputado federal y consideró como “terrible” que haya cálculos políticos porque podría dormir el “sueño de los justos” y pidió a los legisladores que tengan “responsabilidad”.

Sugirió que otro de los factores por el que no se ha avalado una ley en la materia, en la Cámara de Diputados, tiene que ver con que los gobernadores no se quieren responsabilizar de la seguridad debido a que en muchas entidades esa labor la están haciendo las Fuerzas Armadas.

“La Ley de Seguridad Interior se convierte en un tema muy complejo, porque yo no veo a los gobernadores de este país apoyando una ley que los va a responsabilizar de algo que ahora no se les está responsabilizando, que es la seguridad pública o seguridad interior.

Recordemos que los diputados son los representantes de un estado en la Cámara por eso también lo veo difícil, porque el propio gobernador está queriendo apoyar.

“Tiene que ser una ley de Estado y eso es lo que no han entendido los diputados, no una ley de partidos o en función de un diputado y es urgente legislar en esa materia”, expresó Ibarrola.

Agregó que esta ley es importante, no por acotar las funciones de las Fuerzas Armadas, sino para que ya no sigan sucediendo algunos fenómenos que suceden en varios estados o municipios y que posteriormente no se encuentran a los responsables de los delitos, porque todo se está dejando en manos de soldados y marinos.

“Para las Fuerzas Armadas no hay un riesgo porque llevan 12 años en esa labor, sin embargo lo que sí tiene que existir es una ley, porque las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza, que no es la de estar haciendo labores de seguridad pública, a pesar de que llevan casi 12 años haciéndolo, pero no deben de hacerlo y no puede ser la naturaleza de las Fuerzas Armadas, hay una razón: todos los ejércitos del mundo son la última solución para determinada circunstancia, pero desgraciadamente en México las Fuerzas Armadas son la única solución”, detalló.

No aprobarla. Lisa Sánchez, directora política de drogas de México Unido Contra la Delincuencia, consideró que es favorable que se haya pospuesto la aprobación en el Congreso de una ley de seguridad interior porque hay más riesgos en las distintas iniciativas planteadas.

“Para Lisa Sánchez, para México Unido Contra la Delincuencia y el Colectivo Seguridad Sin Guerra lo mejor es que no se apruebe ninguna Ley de Seguridad Interior en los términos en los que se plantea”, mencionó.

Dijo que es mentira que haya un vacío legal que no regule la actuación de las Fuerzas Armadas y ve un riesgo de que en lugar de ver un retiro paulatino de éstas, se está prolongando el fortalecimiento de las policías locales.

“Para nosotros sería muy desafortunado que se aprobara en el ordinario y aún más desafortunado que lo quisieran pasar como un albazo en un extraordinario, lo que pedimos es que se hagan públicos los dictámenes y se convoque a un verdadero diálogo nacional... Es mucho mejor que demos por muerta la ley de seguridad interior a que se intente pasar el Frankenstein que están queriendo pasar con los dictámenes e iniciativas que tienen”, dijo Lisa Sánchez.

Exigencia panista. Apenas el viernes pasado diez gobernadores emanados del PAN —excepto Javier Corral de Chihuahua— urgieron al Congreso a discutir, debatir y aprobar la Ley de Seguridad Interior y dar a las Fuerzas Armadas un marco normativo a su participación en labores de seguridad pública en el país.

Aceptaron que en estos momentos no se puede prescindir de la ayuda castrense, pero advirtieron que es “impensable” continuar bajo las condiciones actuales, por lo que cada militar debe ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional.

“Ante la indefinición en el que se encuentra la Ley de Seguridad Interior, los gobernadores consideramos que las iniciativas presentadas atienden asuntos de vital importancia para todas las entidades federativas, principalmente la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad”, establecieron los mandatarios durante un pronunciamiento público.

Agregaron que desde hace algunos años, los grupos del crimen organizado en el país se han transformado y las instituciones de seguridad pública ya no solamente tienen la tarea de combatir el narcotráfico sino también de enfrentar una red criminal diversificada.

Los gobernadores panistas pusieron énfasis en que es en este contexto que la intervención de las Fuerzas Armadas se volvió importante para estabilizar ciertas regiones del país donde las instituciones se vieron rebasadas por la delincuencia organizada.

“Hoy por hoy, no podemos prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en el territorio nacional, pero también es impensable continuar bajo las condiciones actuales”, coincidieron los panistas en el desplegado, que después respaldó Margarita Zavala, aspirante del PAN a candidata presidencial en 2018.