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México es el principal proveedor de derivados de los opiáceos de Estados Unidos, así como de heroína, marihuana y drogas sintéticas, y se mantiene en la lista negra de lavado de dinero del Departamento de Estado estadounidense, según el Informe Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos, el cual destaca los esfuerzos que ha realizado el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Según datos del Departamento de Estado, México es responsable de la producción de entre 90% y 94% de la heroína consumida.

Desde 2015, los reportes de la DEA indican que la heroína mexicana ha conquistado el mercado estadounidense, al pasar de 50% en ese año a 94% en 2016. Afganistán es el principal productor de opio en el mundo, y los cárteles mexicanos se han abastecido de éste para producir la heroína que llega a Estados Unidos.

La cifra anunciada por el secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Asuntos de Seguridad de EU, William Brownfield, indica que México vuelve a aparecer como uno de los mayores productores de la “heroína, marihuana y drogas sintéticas” consumidas en esa nación.

Brownfield no negó la relación oferta-demanda para justificar el aumento de la producción de opiáceos en México y la tendencia que eso siga. Según el funcionario, Estados Unidos se encuentra en la “peor crisis de consumo de droga desde los años 80” y la “peor crisis de adicción a la heroína y los opiáceos en más de 70 años”.

“El cultivo ilícito de drogas es un reto particular, y las tendencias estadísticas sugieren que el cultivo ilícito de amapola de opio seguirá creciendo”, auguró el subsecretario.

Brownfield, nombrado por el ex presidente Barack Obama, se distanció de Donald Trump debido a la supuesta utilidad de un muro para frenar todos los elementos maliciosos que, según reitera este último, llegan a EU a través de la frontera con México.

Para el subsecretario, lo más importante es mantener el “muro en términos de cooperación” bilateral en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, una relación que en su opinión ha sido cada vez más exitosa con el paso de los años: “Realmente creo que en este momento la cooperación entre EU y México en este aspecto, en el de la producción y tráfico de droga, está en su mayor nivel histórico. Sólo tengo cosas positivas por decir en este aspecto”, aseguró Brownfield.

Pese a que el tráfico de drogas y la violencia que provoca la presencia de poderosos cárteles es un “reto sustancial para la seguridad ciudadana”, Brownfield se mostró esperanzado de la evolución de la cooperación bilateral para atajar el problema.

El informe destaca los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto para “combatir a las organizaciones criminales trasnacionales, reformar su sistema judicial y las prisiones, mejorar la seguridad fronteriza y profesionalizar su policía”, así como la recién instaurada estrategia antidrogas integral.

“Tenemos un reto —absolutamente— pero también una coordinación y un mecanismo de cooperación que nos coloca en mejor posición para encararlo hoy que si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años (…) No decimos que no tenemos problemas. Los tenemos y son serios, pero hoy existe una mejor arquitectura para encararlos que en años pasados”, dijo.

El informe mantiene su preocupación por los niveles de corrupción en México, impedimento para una mejora en los esfuerzos antinarcóticos: “Los agentes de las fuerzas de la ley mexicanas a nivel local continúan con sus pobres compensaciones salariales, faltos de recursos, mal entrenados y vulnerables a la corrupción”, lamenta.

Esos aspectos endémicos dificultan la lucha contra el narcotráfico y, de rebote, colocan a México en una posición compleja en la batalla para frenar los crímenes financieros y el lavado. El apartado dedicado a esos rubros pone a México como uno de los principales actores en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a través de su sistema financiero, un aspecto en el que las autoridades no están haciendo su labor correctamente como en el caso de la lucha contra el narcotráfico.

Si bien el texto destaca los avances en la detección de dinero sospechoso, EU critica la relativa impunidad con la que se cometen crímenes financieros relacionados con el narcotráfico o, en menor escala, con otras actividades.

Según el Departamento de Estado, la culpa de eso está en la falta de capacidad judicial de México y las fuerzas de la ley, así como el alto grado de corrupción. Incluso pone una cifra para demostrarlo: menos de 20% de las investigaciones por lavado de dinero terminan en acusaciones formales ante la justicia.

El estudio afirma que la Iniciativa Mérida es un factor importante en la cooperación bilateral para la lucha contra el narcotráfico y señala que “muchos funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley a nivel local son escasamente compensados, insuficientemente capacitados y vulnerables a la corrupción”.

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