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Las controversias constitucionales contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y los Lineamientos Generales de Derechos de las Audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) serán resueltas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán.

Esta no es la primera vez que corresponde a Pérez Dayán conocer de asuntos sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y telecomunicaciones.

Ayer, la Segunda Sala aprobó un fallo realizado por el ministro en el que propuso amparar a la Open Society Foundation para abrir los datos relacionados a 135 averiguaciones previas concluidas sobre el periodo conocido como la “guerra sucia”.

En noviembre pasado declaró constitucional la obligación legal de América Móvil de prestar cuatro servicios de interconexión a sus competidores, por considerarlo agente preponderante en términos de la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El ministro indicó que el Congreso de la Unión tiene plena facultad para establecer las obligaciones de los agentes preponderantes en la prestación del servicio de interconexión, sin que ello signifique que el IFT esté impedido para regular el trato asimétrico de las concesionarias.

En el mismo mes, presentó ante el pleno un proyecto sobre la interpretación del derecho de réplica en el que propuso eliminar los requisitos de información falsa o inexacta para hacerlo valer.

La propuesta de Alberto Pérez Dayán no prosperó y el asunto fue returnado para que el ministro Javier Laynez Potisek realice un nuevo proyecto en el que analice el criterio de la mayoría que se inclinó por dejar la ley sobre el derecho de réplica tal y como está.

En septiembre, la Corte aprobó su propuesta de declarar constitucionales los límites y reglas para que las concesionarias de radiodifusión comunitarias e indígenas vendan publicidad o accedan a otras formas de financiamiento, contenidos en la anterior Ley de Telecomunicaciones.

Indicó que las radios comunitarias no se rigen por las mismas normas jurídicas que los concesionarios comerciales, porque éstos sí tienen fines de lucro.

Pérez Dayán fue nombrado ministro de la SCJN en diciembre de 2012 y estará hasta noviembre de 2027.

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