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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que espera a que el Senado designe al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para comenzar las funciones de dicha unidad.

Para ello, todas las investigaciones relacionadas con delitos probablemente cometidos por funcionarios públicos por hechos de corrupción que se siguen en otras unidades administrativas serán entregadas a la nueva fiscalía.

Expedientes y documentos, así como un informe de cada uno de ellos, serán puestos a disposición de la unidad encargada de dar seguimiento a las indagatorias.

“La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ejercerá con plena autonomía sus facultades constitucionales”, dijo la PGR.

“Una vez que la o el fiscal sea designado por el Senado, la fiscalía estará en condiciones de conocer, investigar y perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos por hechos de corrupción”, planteó.

La dependencia se encargará de asignar los ministerios públicos e investigadores que la fiscalía requiera. Además, la PGR brindará los servicios periciales, respetando la facultad de la nueva unidad para nombrar y remover al personal a su cargo.

Al inicio de operaciones, la Fiscalía Especializada contará con una nueva sede para realizar sus operaciones y se le asignarán recursos materiales y financieros de la PGR para atender los casos que le corresponden. La fiscalía comenzará operaciones en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR y de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El esquema contará con un Comité de Participación Ciudadana integrado por reconocidos académicos sin afiliación partidista. El fiscal de la PGR especializado en combate a la corrupción participará en el comité coordinador del SNA.

La Junta de Coordinación Política del Senado ha recibido hasta ahora los nombres de 32 aspirantes a la nueva fiscalía anticorrupción.

Entre los aspirantes destacan Ximena Puente de la Mora, presidenta del Inai; Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Penal y Administrativa, y César Alejandro Chávez Flores, ex visitador General de la PGR.

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