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Durante la investigación sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, se intentó obstaculizar la verdad, por lo que se debe reconducir para esclarecer los hechos ocurridos hace más de dos años.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Enrique Gil Botero, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, precisó que la búsqueda ya no es de 43, sino de 42 normalistas, porque está comprobada científicamente la identificación de uno (Alexander Mora Venancio).

El coordinador del Mecanismo de Seguimiento indicó que en su plan de trabajo, que durará 12 meses, está obtener la declaración de soldados del 27 Batallón ubicado en Iguala, Guerrero, comprobar si las declaraciones de algunos detenidos fueron obtenidas bajo tortura y explorar las 200 líneas que se tienen del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de donde podrían surgir nuevas hipótesis sobre el paradero de los normalistas.

Señaló que monitorearán la investigación sobre los funcionarios que pudieron obstaculizar la indagatoria y el acceso a la verdad para los padres de los normalistas desaparecidos.

¿Cuál es el plan de trabajo?

—Es darle seguimiento a las recomendaciones del GIEI, que están agrupadas en cuatro pilares. Monitoreo del avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de desaparecidos, asegurar la atención integral de las víctimas y familiares e impulsar una serie de medidas estructurales. Para ello se realizarán visitas oficiales y técnicas que satisfagan las 20 recomendaciones del GIEI.

¿Serán suficientes 12 meses para realizar toda esa estrategia?

—Se estructuró sobre ese término, el Estado mexicano sufragó los gastos necesarios para el funcionamiento del mecanismo; habrá que mirar en el futuro si no se ha materializado el fin, abrir otros espacios.

¿Cuánto aportó el Estado?

—565 mil 276 dólares.

¿De ser necesario, podrían ampliar el tiempo del Mecanismo de Seguimiento para aclarar el caso?

—Si se llega a un acuerdo entre víctimas, Estado y comisión, podría suceder. Hay 200 aspectos que había señalado el GIEI que aún estaban pendientes a dar respuesta, a indagar.

Los hechos ocurrieron en 2014, van más dedos años, ¿qué sucede con la investigación de Ayotzinapa?

—En este tipo de asuntos, el tiempo es la verdad que huye, por eso lo ideal es que cuanto antes mejor para los efectos de que no se vaya a desdibujar o se vayan a perder elementos probatorios.

¿Después de dos años es posible hallara los 42 normalistas con vida?

—El propósito de la medida cautelar es encontrar a los desaparecidos, en el evento de que así no sea, es encontrar la verdad.

¿El mayor tiempo de la investigación se concentró en el basurero de Cocula, se perdió mucho tiempo?

—Es un aspecto importante, conforme a peritajes científicos se ha descartado esa hipótesis del basurero, lo que permite abrir otras líneas de investigación otras posibilidades, porque dentro de un proceso si se avanza en un sentido y se advierte que no es factible, hay que enderezar el camino.

¿Funcionarios o ex funcionarios intentaron obstaculizar la verdad sobre lo que sucedió?

—Se presentaron algunas obstrucciones, pero tenemos que señalar que precisamente la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es judicial, sino que para efectos del Mecanismo de Seguimiento es un acompañamiento al pilar, es para monitorear los avances de la investigación.

El Estado mexicano debe reconducir su investigación y el Mecanismo de Seguimiento estará monitoreando que vaya por buen camino.

¿Es necesario contar con las declaraciones de los militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala?

—Hay una recomendación en ese sentido por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Dentro de las recomendaciones está explorar esa posibilidad.

¿De comprobarse que algunos detenidos fueron torturados, que pasaría con la investigación?

—Son elementos que entran en consideración desde la valoración probatoria, si las declaraciones son arrancadas con tortura, obviamente dentro del campo del derecho probatorio tendría un peso específico y se aplicarán los estándares aplicables a lo que es una prueba obtenida por tortura.

No realizamos una investigación paralela sino monitoreamos que las cosas se hagan bien. El fin de este seguimiento es obtener la verdad.

¿Se busca a 43 o 42 normalistas?

—A 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, porque hay uno identificado científicamente (Alexander Mora Venancio).

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