Municipios, presa fácil de crimen organizado: Colmex

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Los municipios son el eslabón más débil del Estado mexicano y, por ello, algunos son controlados por el crimen organizado, derivando en hechos como la masacre de San Fernando, Tamaulipas y las desapariciones en Allende, Coahuila, señaló un informe realizado por El Colegio de México (Colmex) para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Al hacer un diagnóstico sobre cómo enfrentan las autoridades las exigencias de justicia y verdad de las víctimas de la violencia en el país, el informe se enfocó en dos hechos ocurridos entre 2010 y 2012, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de, al menos, 42 personas en Allende, Coahuila, perpetradas por Los Zetas.

En el Museo Memoria y Tolerancia se dijo que en ambos sucesos hay vacíos de información, falta de verdad y justicia.

Detalló que las masacres fueron el resultado de múltiples factores entre los que destacan el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, iniciada en enero de 2010; y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias.

“En esos dos municipios la organización criminal controlaba el aparato de seguridad local y algunos de los policías eran parte integral de Los Zetas; hay similitudes en los métodos utilizados por ellos para controlar a las policías; los gobiernos municipales eran inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales, por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar inmediatamente los casos de desaparición forzada.

El informe concluyó que se requiere reestructurar a profundidad el sistema de atención a víctimas de México y mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad. En Tamaulipas, un policía municipal gana al mes 5 mil 187 pesos y en Coahuila, 6 mil 324 pesos. En el municipio de Allende, Coahuila, Los Zetas pagaban 61 mil 500 pesos mensuales a las corporaciones policiacas para asegurar su colaboración, que consistía en ignorar las denuncias y reportes de la ciudadanía, halconeo, cobrar derecho de piso para la organización, participar en levantones y entrega de personas a los criminales.

Según informes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, policías y agentes de tránsito de San Fernando ayudaban a Los Zetas con labores de halconeo, detención de personas para entregarlas a ese grupo y mediante la omisión en su deber en la observación de delitos cometidos por la organización.

El informe señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones.

Jacobo Dayán, asesor en la investigación, acusó que las víctimas de estos sucesos están en el desamparo porque la CEAV, por ejemplo, genera procesos de revictimización “desde su registro, atención y reparación, casi siempre incompleta”.