En Tetelcingo se violaron DH de víctimas: informe

Los cuerpos fueron tratados “como basura”, no se respetaron protocolos, señala Sicilia

En la presentación del informe sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, dijeron que cotejarán los perfiles genéticos de los 117 cuerpos (ISAAC ESQUIVEL. CUARTOSCURO)
Nación 24/08/2016 02:15 DENNIS A. GARCÍA Y JUSTINO MIRANDA Reportero y Corresponsal Actualizada 02:15
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La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) informaron a la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), que algunos de los cuerpos que inhumó el gobierno estatal en la fosa de Tetelcingo, corresponden a personas que fueron reportadas por sus familiares como desaparecidas.

Al presentar el informe Fosas clandestinas de Tetelcingo, Interpretaciones Preliminares, el activista Javier Sicilia dijo que los cuerpos fueron “tratados como basura”, porque no se respetaron los protocolos correspondientes.

Iván Martínez Duncker, de la comisión científica de la UAEM, comentó que le serán entregados a la PGR los perfiles genéticos que obtuvieron de los 117 cuerpos, para que sean ingresados a la base de datos y se cotejen con los 135 perfiles de referencia que tienen de los familiares.

“Querían desaparecer los cadáveres con todo y ropa o accesorios. En la fiscalía del estado su equipo está averiado para hacer perfiles genéticos”, señalaron durante la presentación del informe que se realizó en el Centro Prodh.

En la conferencia estuvo María Hernández, madre de Oliver Wen-ceslao Navarrete, uno de los cuerpos exhumados de la fosa y se informó que por parte del gobierno de Morelos hubo dilación y obstrucción, además de que los cuerpos se encontraban en completa descomposición.

“Se concluye que el gobierno del estado de Morelos incurrió en numerosas violaciones a los derechos humanos de las víctimas, de acceso a la justicia, verdad y reparación integral, denegándoles mediante la omisión de investigar o en el ocultamiento de los restos mortales de 117 personas a cuyos familiares no se les buscó ni notificó de lo ocurrido”.

Roberto Villanueva, del programa de atención a víctimas de la UAEM, comentó que solicitarán a la PGR y a la Policía Federal que los perfiles genéticos sean incorporados a sus bases a la brevedad.

“Hay que entender la gravedad de la falta de apego a los protocolos forenses, donde la ropa, los objetos como pulseras, los fueron enterrando para desaparecerlos junto con los cadáveres. Los perfiles están y se pedirá a la PGR que los agregue a la base de datos, esperemos que no tarden mucho y se pueda saber si hay un cruce con los perfiles de las personas que están desaparecidos”, indicó.

En el documento se informa que de acuerdo con las periciales practicadas, de los 117 cuerpos, 84 presentan huellas visibles de violencia física, 12 fueron sepultados sin que la autoridad practicara la necropsia de ley, y otras tienen heridas por impacto de arma de fuego.

Entre los cadáveres se encontró a un recién nacido y a dos menores de entre los 6 y 9 años, mismos que fueron enterrados el 28 de marzo de 2014 sin los protocolos que aseguran el respeto a la dignidad de la persona ni otorgan la oportunidad de un posible reconocimiento futuro por sus familiares.

Villanueva dijo que a pesar de que 96% de los cuerpos tenía la etiqueta correspondiente a la carpeta de investigación, 50% no era legible.

El caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven secuestrado y asesinado en 2013 fue el que sentó los indicios de que la Fiscalía de Morelos utilizó dos fosas para inhumar cuerpos sin que se respetaran los protocolos. Su madre, María Hernández, identificó el cuerpo año y medio después. Por orden de un juez logró que la fiscalía exhumara los restos.

El 9 de diciembre de 2014 se realizó una diligencia para recuperar el cuerpo; sin embargo, los peritos comenzaron a encontrar más restos hasta llegar a contabilizar los 117 cuerpos.

En la Ciudad de México, el gobernador Graco Ramírez acusó una confabulación en su contra por parte de lo que llamó “fuerzas conservadoras”, para llevarlo a juicio sumario con la intención de desaparecer los poderes del estado.

Ramírez declaró que “no existen elementos de ingobernabilidad que justifiquen tal acción [la destitución], es un atentado a la soberanía misma del estado de Morelos”.

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