La procuradora General de la República, Arely Gómez González, reconoció que toda prueba obtenida por la autoridad o por un particular, violando los derechos humanos, queda sin efecto legal alguno.

Durante su participación en la presentación del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales”, Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio, del Consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, la titular de la PGR coincidió con el autor en la importancia de la nulidad de cualquier acto de la autoridad en estos casos, de acuerdo con el Artículo 97 de dicho ordenamiento, destacó la procuraduría en un comunicado.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) donde subrayó, ante estudiantes, abogados e investigadores del derecho penal, que el autor destaca que la valoración de pruebas implica que el tribunal de enjuiciamiento realice un análisis conforme a la sana crítica, las reglas de la lógica, el conocimiento científico y la experiencia.

“De tal magnitud es la responsabilidad de los servidores públicos, pues la nulidad no sólo invalida las pruebas obtenidas mediante la violación a un derecho fundamental, sino también todas las obtenidas de manera legítima, así se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales”, enfatizó el mensaje a medios.

El 18 de junio entró en vigor en todo el País el Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA) que obligó a realizar varias reformas y un Código Único de Procedimientos Penales.

Con ello, el Gobierno federal favorece el derecho de presunción de inocencia, el acuerdo reparatorio, el acceso de la justicia en menos tiempo y privilegia los derechos de la víctima.

El SPPA se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

jram

Google News

Noticias según tus intereses