Ordenan a PGR entregar información sobre intervenciones telefónicas

Del 1 de enero de 2009 y el 6 de enero de 2016, el Poder Judicial ha autorizado a la PGR mil 167 órdenes de intervención por parte de Jueces Federales Especializados en Cateos, Arraigos en Intervenciones de Comunicaciones Privadas.

No obstante, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR entregar una versión pública de todas y cada una de las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas, de líneas fijas o móviles para ese mismo periodo.

Ello porque la dependencia, que encabeza la procuradora Arely Gómez, no entregó el total de solicitudes, las concedidas y negadas, fecha de solicitud, ante qué autoridad se presentó y si se trató de línea fija o móvil.

Al argumentar ante el Pleno del INAI la resolución del recurso de revisión presentado, el comisionado ponente Joel Salas afirmó que “la información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”.

Refirió que hecho cobra relevancia porque está en el debate público la propuesta de la Ley 3de3, que incluye la realización de intervenciones telefónicas a funcionarios por sospechas de corrupción; y recordó el pronunciamiento de la SCJN sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para solicitar información de usuarios a las empresas de comunicación sin previa autorización judicial.

Asimismo, recordó las reformas a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado, que posibilitan a autoridades judiciales militares a realizar cateos e intervenciones telefónicas sin consultar a las autoridades penales civiles, respecto a lo cual la ONU ha advertido que podría facilitar violaciones a derechos humanos.

Salas Suárez subrayó la importancia del recurso de revisión porque “la información pública es la base para sostener un debate propositivo para construir marcos normativos que establezcan competencia y procedimientos claros… Puede ayudar a que entre todos, autoridades y ciudadanos, contribuyamos a tener un México inclusivo, justo y seguro”.