Buscan medidas cautelares para militares liberados en caso Tlatlaya

La defensa de los tres militares involucrados en el caso Tlatlaya, que fueron puestos en libertad por un Tribunal Federal la semana pasada, solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares para la protección de los soldados, sus familiares y la abogada que los representa.

Lilia Mariana García Sánchez, abogada de los militares, presentó este miércoles una queja anta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que señala que, con sus declaraciones, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez transgrede los principios de universalidad e igualdad.

“Esa Comisión está transgrediendo los principios constitucionales de universalidad e igualdad, ya que mis defensos si bien es cierto son servidores públicos, también lo es que son seres humanos y en su calidad de procesados que eran con igualdad de derechos que cualquier persona tiene, debiendo esa institución, promover y defender su derechos de presunción de inocencia y al debido proceso”, dijo la abogada.

"Responsabilizo de cualquier prejuicio que sufran las familias de mis representados, quienes viven en comunidades aledañas al lugar de los hechos, ya que con sus comunicados  y comentarios enardecen los ánimos de las personas en nuestra contra, lo cual puede traer actos de venganza por los familiares de las supuestas víctimas", agregó.

Refirió que la institución que preside González Pérez ha hecho diversas consideraciones, que en esencia exigen a la Procuraduría General de la República, que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación, a efecto de que no subsista la impunidad, atendiendo al hecho de que jurídicamente el caso no sería cosa juzgada.

"Solicito a usted que se apegue a sus facultades previstas a la norma que rige su actuación y vele porque se respeten los derechos humanos establecidos para todos los mexicanos", dijo García Sánchez en la queja dirigida al ombudsman.

El pasado 14 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hizo pública la resolución del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito quien ordenó la liberación de los soldados Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides al no encontrar pruebas suficientes en su contra por la muerte de unos civiles en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2014.

El CJF mencionó que por tratarse del interés público y de una acción transparente “de cara a la sociedad”, se tomó la determinación de hacer pública la toca penal 247/2015.

por otra parte la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el Tribunal desestimó los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público de la Federación; sin embargo para el órgano encargado de impartir justicia, no fueron suficientes para demostrar su culpabilidad por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de los hechos.

En octubre de 2015, el juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó la libertad de cuatro militares luego que la PGR no permitió, según el juzgador, reunirse con sus abogados; en ese sentido, los castrenses impugnaron la formal prisión ante un tribunal; con la resolución el Tribunal Unitario que ordenó la libertad de los otros tres soldados; ningún elemento castrense fue encontrado culpable.

ml