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El 16 de junio de 2009 fueron detenidos por el Ejército en Playas de Rosarito, Baja California, según el parte militar, Ramiro Ramírez Martínez, El Rambo; Orlando Santaolaya Villarreal, El Chuletas; Rodrigo Ramírez Martínez, El Gordo, y Ramiro López Vázquez, identificados como operadores de Teodoro García, El Teo, y a quienes se les aseguró armamento en esa ocasión. Hoy están en la lista de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para ser indemnizados por tortura.

Organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos lo han visto como un negocio y no ven en realidad por las víctimas del delito, acusó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Miranda de Wallace dijo que los representantes de organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que llevó el caso de las cuatro personas antes mencionadas al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, no pueden ser juez y parte.

“Si alguien va a cobrar alguna comisión o cuota litis que se convierta en despacho, pero que no se disfrace de ONG defensora de derechos humanos”, comentó Miranda de Wallace.

Indicó que el relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, está vinculado con organizaciones no gubernamentales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y retoma los casos que manejan como ONG para su informe sobre tortura en México, por lo que aseguró que “ese tipo de informe son una forma de presionar al Estado con algún fin”.

“Él lo declaró [ Méndez]: no tuvo una metodología para determinar que en México es generalizada la tortura; cuatro estados que evaluó no son todo el país [...] Ellos se saben el caminito, buscan una recomendación, hacen sus dictámenes, luego los llevan a una instancia internacional y se llevan el dinero que es para las víctimas”, acusó.

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