SCJN revisa caso de líder minero por indemnización

Napoleón Gómez pide compensación por presunta difamación de la STPS. Ministro Eduardo Medina Mora debe elaborar un proyecto de resolución

La sentencia impugnada por Napoleón Gómez fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del DF el pasado 16 de abril (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 26/12/2015 02:16 Juan Omar Fierro Actualizada 02:16

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una petición del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, para revisar la sentencia de un tribunal federal que se negó a ampararlo para ser indemnizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en una demanda por daño moral a su persona.

La defensa del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRP) promovió el recurso de revisión ante la Segunda Sala del máximo tribunal, que determinó turnar el litigio al ministro Eduardo Medina Mora, para que se elabore un proyecto de resolución que posteriormente será votado por los cinco ministros.

La sentencia impugnada por Gómez Urrutia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal el 16 de abril de este año, y en ella se confirma la negativa de indemnizar al líder minero en su reclamo por un presunto daño moral en su contra.

El expediente del caso señala que el líder minero demandó a la STPS por la difusión en 2008 de varios boletines, en los cuales se señalaba que no se le había entregado la toma de nota como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros por incumplir con los requisitos que marcaba la ley, incluyendo la existencia de varias órdenes de aprehensión en su contra y su residencia en el extranjero.

En los comunicados oficiales se señalaba que Gómez Urrutia llevaba más de cinco años sin trabajar en el sector metalúrgico y que no estaba presente en la asamblea que lo reeligió como secretario general del sindicato, celebrada el 24 de junio de 2008, ya que estaba fuera del país, por lo que la STPS le negó la toma de nota y desconoció su liderazgo.

En los mismos comunicados difundidos por la dependencia federal también se informó que Gómez Urrutia enfrentaba varias órdenes de aprehensión en su contra por delitos vinculados con desfalcos al patrimonio de los trabajadores sindicalizados, situaciones que le impedían representar a los mineros de manera adecuada y eficaz.

Ante dichas afirmaciones, el líder minero presentó una solicitud de indemnización por daño moral en contra de la Secretaría del Trabajo, argumentado que la difusión de esa información se hizo cuando no existía sentencia alguna en su contra, por lo que se le habría causado un daño moral a su persona y a su honor.

La indemnización le fue negada mediante oficio de 28 de noviembre de 2012, que firmó el entonces titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo.

Inconforme con la respuesta, el líder minero promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), instancia que confirmó la negativa de indemnizar a Gómez Urrutia el 30 de junio de 2014, con el argumento de que no se configuraba el daño moral en su contra, debido a que no se comprobó que las autoridades actuaran con “real malicia” o dolo en su contra.

En la sentencia se advertía que por tratarse de un líder sindical y no existir falsedad en las pruebas recabadas por su defensa, su figura era considerada de “interés público”.

Contra esta nueva resolución desfavorable, Napoleón Gómez se volvió a inconformar, por lo que presentó un juicio de amparo directo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal, cuyos magistrados resolvieron negarle el amparo de manera definitiva el pasado 16 abril.

En la sentencia se establece que los datos divulgados por la Secretaría del Trabajo del gobierno federal para argumentar su negativa a entregarle la toma de nota como líder minero no representan una actividad administrativa irregular, y añade que lo relacionado con el cambio de dirigencias en un sindicato se puede considerar como una decisión de interés colectivo, por lo que estaba justificada la exposición de información sobre el caso de Gómez Urrutia.

“Lo anterior es así, ya que se trata de la exposición de un asunto de interés público que involucró a un individuo que, en razón de su actividad, tiene una proyección igualmente pública, pues se trata de una persona que ejerce la dirección de un sindicato que se vio involucrado en diversos acontecimientos, cuya relevancia trascendió al interés colectivo”, concluyó el tribunal federal en su sentencia.

La defensa del líder minero, ante este fallo, presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte, cuya resolución dependerá de la conclusión que presente a la Segunda Sala el ahora ministro ponente del caso, Eduardo Medina Mora.

En la sentencia que adopte la Corte se podrá establecer si en este tipo de casos se configura o no una obligación del Estado para resarcir de forma económica al quejoso, o si por el contrario, los líderes sindicales deben someterse a la exposición de diversos datos relacionados con las decisiones de la autoridad laboral para no reconocerlos en procesos internos en lo que se documenten presuntas irregularidades.

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