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La aplicación de nuevos criterios de fiscalización redujo a 5.1 millones de pesos el gasto en exceso en que habría incurrido el candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pero aún así el rebase en el tope de campaña se mantendría en 26.59%.

El monto, calculado en un engrose realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, fue presentado anoche en la sesión en que el Consejo General concretaría la auditoría a los gastos de las campañas de los estados que tuvieron elección el 4 de junio.

Pero los dictámenes y resoluciones aún sufrirán ajustes, cuando el organismo reanude su plenaria el lunes, tras decretarse ayer un receso de 48 horas. Aún así, el rebase en los gastos de esa campaña aún no está descartado.

Los cambios realizados y los pendientes se derivarán de la aplicación de nuevos criterios como los que —publicó EL UNIVERSAL en su edición del viernes— fueron valorados por los consejeros.

El INE resolvió ayer 78 quejas en materia de fiscalización, y al menos dos incrementaron el gasto acreditado a la Coalición del PRI en Coahuila: 32 mil 650 pesos por una y 918 mil pesos por otra, derivada de gastos sin objeto partidista en tarjetas “Mi Monedero”, “Mi Monedero Rosa” y “Mi Tarjeta de Inscripción”.

Esta última suma se agregará al gasto de esa coalición. Empero, se descartó la queja del PAN por presunto rebase del tope de Riquelme en propaganda, aunque en la mesa, los consejeros se vieron obligados a ordenar la investigación sobre una factura presentada como prueba y que había sido desestimada.

De acuerdo a ésta, el gobierno del estado habría pagado 70 mil pesos por el servicio de internet del PRI local.

Como publicó este diario, los consejeros que integran la Comisión de Fiscalización acordaron el viernes pasado una serie de criterios que serían impactados en el engrose presentado ayer en la sesión del Consejo General.

Sin embargo, tras ocho horas de sesión, al presentarse los dictámenes y proyectos de resolución sobre los gastos de campaña de partidos y coaliciones que contendieron en las elecciones del 4 de junio en cuatro entidades, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, propuso un receso para conocer los cambios planteados en los engroses.

Los consejeros respaldaron la postura por la falta de certeza que tendrían de resolver engroses que, literalmente, conocieron en la mesa y de cientos de páginas.


Hacen descuento. Entre los criterios que fueron tomados en cuenta están los relacionados con la matriz de precios. En el caso de los aplicados a representantes de casilla no reportados en Coahuila, se redujeron de mil 350 cada uno a 891 pesos.

El nuevo precio más la aplicación del nuevo criterio de prorrateo hizo que sólo por ese concepto el PRI redujera el gasto acreditado a 70 mil 491. El PVEM a 880 mil 969 pesos y el Panal a 93 mil.

Sin embargo, se mantuvo el criterio original según el cual el plazo para comprobar que no pagaron nada a sus representantes era el 30 de junio. El PVEM y Panal, en cambio, han denunciado que cuentan con los documentos, pero los auditores sólo les pidieron una muestra.

Por esa razón, al negárseles el derecho de audiencia, el consejero presidente de la Comisión, Enrique Andrade, anunció su voto en contra y será uno de los elementos a analizar por los consejeros antes de la sesión del próximo lunes.


Aniquilan fiscalización. El procedimiento desató las críticas de los partidos —de por sí molestos por los montos de las sanciones— y el representante del PRD, Guadalupe Acosta, increpó a Córdova Vianello por la intención de presentar engroses no avalados por la Comisión de Fiscalización.

El consejero le explicó que es un procedimiento frecuente, pero aún así el perredista aseguró que se pretende “cuadrar cifras” el fin de semana.

Antes, en la sesión, también el representante del PAN, Francisco Gárate, acusó irregularidades serias en la fiscalización que llevarían a “aniquilar la posibilidad del voto libre, informado, razonado”, al no sancionar, en el Estado de México, la promesa de dádivas vía monederos.

Perdieron la oportunidad de evitar un “mercado de votos” en 2018, advirtió el diputado panista Jorge López Martín, consejero del Poder Legislativo. “¿Dónde está la Unidad Técnica de Fiscalización? ¿Dónde están sus auditores? ¿Quién los supervisa? ¿Quién revisa su trabajo?”, acusó al referirse al internet pagado por el gobierno de Coahuila al PRI.

El representante de Morena, Horacio Duarte, descalificó al titular de la UTF, Eduardo Gurza, quien fue del consejo directivo de Banobras cuando el director general era el abanderado del PRI en el Estado de México, Alfredo Del Mazo.

El del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, se inconformó con el carpetazo dado a las quejas promovidas contra Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, por presunto financiamiento a través de la ex diputada desaforada de Veracruz, Eva Cadena, y por gastos realizados de la abanderada mexiquense, Delfina Gómez, pero que el INE no admitió.

El del PVEM, Jorge Herrera, acusó parcialidad al aprobarse la sanción a la Coalición priísta por el caso de las Tarjetas Rosas de Coahuila, pues no hubo condicionamiento ni se trató de un gasto sin fin partidista, pues no se ofreció dádiva ni programa social.

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