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Promover y difundir el tema de adopción en población infantil mayor a los siete años es uno de los retos que enfrenta la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que estos menores de edad son los que se encuentran en mayor número en los centros de asistencia social.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mónica Angélica Ávila Torres, procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, declaró que lo ideal es que la familia de origen o extendida acoja a los niños en su seno y no los deje en situación de abandono, y en caso de que ocurra, sensibilizar a la sociedad para que se desmitifique el hecho de que las niñas o niños mayores de 7 u 8 años son difíciles de educar.

“Nuestro trabajo es que a los niños se les garantice su derecho a vivir en primer lugar con su familia y, en segundo momento, en el tema de adopción, dejar atrás los mitos de que cuando son más grandes de la primer infancia [de cero a seis años] será complicado adecuarlos a las costumbres familiares o estilos de crianza, porque el amor siempre permite y ayuda. Una buena educación permitirá que estos niños se incorporen sin problema a sus casas”.

La procuraduría capitalina se encarga de la protección a la infancia vulnerable, con cuidados parentales y sin ellos, de promover juicios del orden familiar en población abierta, como pensiones alimenticias, guardas y custodias y divorcios, entre otros.

Sobre la adopción, la procuraduría recibe las solicitudes de todas las personas interesadas, hombres y mujeres solteros, parejas heterosexuales y del mismo sexo. Cuando una persona quiere adoptar, se acerca a este organismo para hacer su solicitud, si son cónyuges o concubinos, las parejas deben tener al menos dos años de convivencia, en caso de ser personas solteras, tener más de 25 años.

Después recibirán un taller de inducción en el que se les informa todo lo correspondiente al tema de adopción, las situaciones del orden jurídico, además de evaluaciones de carácter sicológico, socioeconómico y médicos a las que tendrán que someterse ante una autoridad de salud pública. Este trámite es gratuito y durante todo el año los interesados podrán ingresar una solicitud, en tres meses obtienen una respuesta sobre la viabilidad o no como una familia lista para adoptar.

Ávila Torres precisó que en 2016 recibieron 25 solicitudes de adopción y en lo que va de este año 32. Desde 2013 se contabilizan 94 solicitudes que equivalen a un análisis de 179 personas.

“Cuando una familia está integrada, es decir, que ya existen hijos, a ellos también se les evalúa desde el orden sicológico, porque lo que nos interesa es que esa niña, niño o adolescente que vaya a ser adoptado se integre a un núcleo familiar listo y preparado para un nuevo miembro de la familia”.

La procuradora advirtió que es necesario conocer la opinión de los hijos biológicos, así como de los abuelos o parientes que vivan con los solicitantes: “Debemos tener la certeza de que el menor de edad en proceso de adopción sea totalmente aceptado, no queremos que corran algún tipo de riesgo, que sea maltratado o rechazado”.

Sobre los tiempos de los procesos de adopción, destacó que lo más complicado es contar con la liberación jurídica de los niños, que puede tardar hasta dos años: “Cuando un pequeño está en situación de riesgo, abandono o fue víctima de algún delito, estos casos son primero conocidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que abre la carpeta de investigación y comienza a indagar sobre la comisión del delito. Si existe viabilidad, las autoridades reintegran al niño a su familia de origen o extendida, pero cuando no existen condiciones se canaliza a esa persona con la procuraduría de protección, entonces iniciamos un proceso de reintegración familiar, si nos damos cuenta de que no es la situación idónea, optamos por procedimiento de adopción”.

En este proceso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es una primera fase y la segunda es un trabajo en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para que se promueva un juicio de pérdida de patria potestad.

“La pérdida de patria potestad es un proceso lento, porque agotamos todas las notificaciones que conforme a ley están establecidas, se tiene que emplazar a juicio a la mamá, si es que viene registro de madre o de padre, abuelos, etcétera, con el fin de agotar la búsqueda de estos familiares y que ellos comparezcan a juicio y hagan valer sus derechos, este periodo se incrementa cuando los domicilios no son conocidos y terminamos notificando por edictos. Después de un tiempo, que nos puede llevar de un año a dos, según la dificultad de caso, podríamos obtener una sentencia de pérdida de patria potestad, ahí es donde podemos afirmar que el niño está en condiciones de ser adoptado por una familia”.

La funcionaria indicó que el juicio de adopción es corto porque se acompaña de la sentencia ejecutoriada de pérdida de patria potestad, y de las evaluaciones que se realizaron previamente.

Remarcó que los niños expósitos (de los que no se conoce su origen), el proceso es más rápido porque se hace el registro del menor con un nombre y apellido que se les genera, entonces el Ministerio Público verifica que no exista algún familiar para poder reintegrar a estos menores de edad a través de la adopción. De todas los que llegan de la PGJCDMX, 10% son expósitos y 90% si conoce al menos el nombre de la madre, en su mayoría son niños que rebasan los siete u ocho años.

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