Diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presidida por Brenda Velázquez Valdez (PAN), expresaron su preocupación por el agotamiento de los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que resguarda a 509 integrantes de estos gremios en el país.

En reunión con la comisión especial, Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó a los legisladores su inquietud de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 no se etiquetaron fondos para ese fideicomiso, que hoy funciona con el remanente del año pasado.

Estimó que los recursos financieros se agotarán entre septiembre y octubre próximos; sin embargo, de seguir en aumento la tendencia de las solicitudes de protección a más periodistas y defensores de derechos humanos, los fondos se terminarán antes de esa fecha.

Virgilio Caballero Pedraza (Morena) destacó la impunidad existente en la muerte de periodistas y la falta de castigo a los asesinos que los agreden o acosan: “Estamos ante el recrudecimiento de la violencia contra el gremio. Tres asesinados en un mes, más los agredidos. Tres muertes más. ¿Esos tres periodistas estaban protegidos por el mecanismo de protección?

“¿Por qué no se castigan los 120 homicidios, más de 600 casos de agresiones y 20 desaparecidos en los últimos 10 años, según la ONU? No hay un solo detenido. ¿Cómo se explica eso?”, cuestionó.

El legislador destacó que Veracruz es la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo: “Es increíble que el fideicomiso no recibiera este año presupuesto de parte del gobierno federal. Verdaderamente raya en la locura, ya que conforme el problema avanza, no progresa la protección como corresponde”, preguntó.

Candelaria Ochoa Ávalos (MC) preguntó cuáles son los principales riesgos que enfrentan las 509 personas sujetas a medidas de protección por parte del gobierno federal. “¿Por qué acudieron a ese mecanismo? ¿Todas las solicitudes se han atendido?”, cuestionó.

Manifestó su preocupación por la carencia de recursos para atender este problema. Aclaró que el reajuste de presupuesto sólo lo puede hacer el Ejecutivo, no el Legislativo.

“Faltan investigaciones efectivas”. La titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al sistema de justicia que prevalece en México y la carencia de investigaciones efectivas, tal y como ocurre en otros delitos como la trata.

Los periodistas no se quieren acercar a las autoridades estatales porque no creen en sus investigaciones ni en su apoyo, ya que por años han sufrido las agresiones, también los defensores de los derechos humanos, dijo.

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