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“Yo estaría contenta cuando se acabe la injusticia y cuando nos respeten como indígenas”, dijo Jacinta Francisco Marcial antes de que el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, reconociera en una ceremonia inédita en el país la inocencia y las irregularidades que se cometieron en el proceso penal en su contra, al igual que en los casos de Teresa González y Alberta Alcántara.

Jacinta exigió que los colaboradores de la PGR “revisen bien los casos, no metan a la cárcel a personas inocentes”. Luego planteó: “A mí que no me den un peso, lo que quiero es que se haga justicia a todas las personas”.

En el evento que se considera inédito por ser la primera vez que la PGR aceptó que no actuó de acuerdo con el debido proceso y porque acató una sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), el procurador dijo con apenas 32 palabras: “Atendiendo a su petición, a usted Jacinta Francisco Marcial, reconozco públicamente su inocencia, respecto de los delitos de los que se les acusó y por los que fue privada de su libertad”.

El funcionario señaló que la disculpa atendía a la sentencia del 28 de mayo de 2014, emitida por el TFJFA, y en concordancia con la determinación del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en la que acreditó la existencia de violaciones al debido proceso.

Luego celebró a Jacinta, Alberta y Teresa porque “al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función: cumplir con lo que mandata la Constitución”. Se comprometió a dar garantías efectivas que aseguren que hechos como el de las mujeres hñähñú no se repitan.

El procurador estuvo acompañado por Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por la ex ministra Olga Sánchez Cordero.

Como representante legal de las tres indígenas, Mario Patrón señaló que los hechos que ellas vivieron “lastiman la vida y nadie podrá reparar los tres años que estuvieron en prisión, así como el hecho de haber sido presentadas ante medios de comunicación como criminales o que Teresa haya sido mamá mientras era prisionera”.

Añadió que en la vida no hay borrón y cuenta nueva y “aunque las autoridades corruptas quisieron arrebatarles la vida no pudieron, pensaron que no podrían revertir las acusaciones, pero no sabían hasta dónde llega la dignidad de las mujeres hñähñú”.

Ante las palabras de Raúl Cervantes, las tres indígenas coincidieron en algo: nada les va a devolver el tiempo que no pasaron con su familia, las noches de angustia y llanto por no entender de qué se les acusaba, y peor aún, por no saber cuánto tiempo duraría ese “calvario”.

Estela Hernández, hija de Jacinta, pidió que no se den más casos como éste, “hoy queda comprobado que ser pobre, mujer e indígenas no es una vergüenza”. Luego acusó que instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvieron calladas dos años a pesar de saber del caso y no los atendieron, “pónganse a trabajar de verdad, no sólo den recomendaciones”.

“¡Hoy nos chingamos al Estado!, la ignorancia, el miedo no puede estar por encima de nosotros”, dijo.

En el Auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, se dieron cita familiares de las víctimas y amigos que quisieron presenciar “un hecho histórico”. Lo mismo que políticos como Manlio Fabio Beltrones, ex líder priísta, que en su momento apoyó por la liberación de las mujeres, al igual que José Calzada Rovirosa, entonces gobernador de Querétaro y que se interesó en el caso de las tres mujeres.

La PGR consideró la petición de Alberta, Teresa y Jacinta de desarrollar en dos momentos el evento, por ello, primero reconoció la inocencia con respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma incorrecta fueron privadas de su libertad Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. “La procuraduría hizo mal su trabajo, lo que ocasionó un daño moral, por lo tanto resulta un deber reparar el daño causado. Alberta y Teresa reconozco públicamente su inocencia por los delitos que se les imputó”.

Teresa González relató que estar en la cárcel cambió su vida por completo, “no sabíamos lo que estaba pasando, por eso para mí, esta disculpa es una victoria porque cierra 11 años de lucha”.

Pidió a las mujeres que luchen, “no se queden calladas, para que la sociedad sepa la verdad, sí se puede, a veces por miedo nos quedamos en silencio, hay que cambiar”.

Antes de terminar su discurso, Tere hizo una petición: “Señor procurador, le pido que se comprometa a que casos como el nuestro no sucederán más, que no fabricarán pruebas y que no habrá gente inocente en la cárcel por delitos que no cometió”. Tras los aplausos, la señora que vestía un traje típico otomí regresó a su lugar y abrazo a Jazmín, su hija que nació en la cárcel.

Las palabras de Alberta Alcántara fueron más breves; no pudo contener el llanto al recordar sus días en el Cereso de San José El Alto.

Entre los testigos estaban el ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez; Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, entre otros.

A sus 54 años, Jacinta resaltó que esta disculpa no la tiene contenta, que nadie le puede regresar los años que no disfrutó de su familia y recordó que uno de sus hijos falleció apenas cinco meses después de ser liberada.

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