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Ante una posible redefinición de la política migratoria del nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH), Luis Raúl González Pérez, pidió al gobierno de México estar atentos de la situación jurídica y los derechos humanos de los connacionales.

Luego de la toma de protesta de Trump, el ómbudsman nacional expresó su preocupación por las detenciones a mexicanos migrantes y la situación vulnerable de 700 mil jóvenes (dreamers) que están dentro del programa de Acción Diferida para Legados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y quienes, en caso de ser revocado, serían deportados.

Al participar en la presentación del documento “En defensa del interés nacional”, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional para los Mexicanos en el Exterior, en Estados Unidos viven más de 12 millones de mexicanos y con sus familias suman 36 millones.

“[Ellos] generaron remesas por 24 mil 600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016, lo que confirma la fuerza laboral que representan. Su voluntad de progreso contribuye a la riqueza de ambas naciones. Con nuestra participación queremos ser enfáticos en que la política migratoria debe pasar ineludiblemente por el respeto a los derechos humanos de cualquier persona”, dijo.

La especialista Marie-Laure Coubès afirmó que las políticas de Estados Unidos en materia de migración han impactado en el número de deportaciones. Destacó que hasta 2008 se observó un flujo de más de 100 mil personas hacia ese país por trimestre y hoy son menos de 10 mil personas.

Abogan por migrantes. En Tegucigalpa, Honduras, la Federación Iberoamericana del Ómbudsman (FIO) solicitó a Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja defender la dignidad de quienes llegaron a establecerse en la región a Estados Unidos, ante la posible adopción de políticas migratorias del nuevo presidente de ese país.

Los defensores de las garantías individuales solicitan “la intervención” de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Refugiados, el CICR y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), indicó en un comunicado la CNDH en Honduras, que preside Roberto Herrera.

La FIO exhortó a los ministerios de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos a fortalecer “las capacidades y recursos de que disponen para brindar apoyo y asistencia a sus connacionales que viven en Estados Unidos.

Pidió a la CIDH que “vele porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean observados”, por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Herrera, quien es vicepresidente del Consejo Rector de la FIO, destacó que las cancillerías deben proteger el respeto a los derechos de los migrantes.

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