PRD urge a retomar ley contra la tortura

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Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, urgió a retomar lo antes posible la discusión de la Ley General contra la Tortura, cuya minuta se encuentra en la Cámara de Diputados, puesto que la problemática lejos de disminuir se acrecienta debido a la impunidad.

Advirtió que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas fue contundente en su reciente visita al exhortar al Estado mexicano a centrarse en la lucha contra la impunidad, porque a ocho años de su primera visita, las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad.

“Lo anterior encuentra confirmación en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las cárceles en México, en el que señala que tanto los centros federales como los estatales de rehabilitación social operan en situaciones de riesgo relativas al derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la protección de la salud y a la integridad personal”.

Recordó que en el Senado se advirtió que el sistema penitenciario se encontraba en una crisis extrema, debido a la violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, la tortura, la corrupción y los autogobiernos.

“El motín en la cárcel de Topo Chico fue un botón más de muestra sobre las problemáticas que experimentan los penales en México; la muerte de 49 internos fue una tragedia que puso sobre la mesa la importancia de la reforma al sistema penitenciario. La mayoría de estos centros de privación de libertad eran y siguen siendo bombas de tiempo”, refirió.

Comentó que la tortura no es exclusiva de las cárceles, sino que comúnmente ocurre entre el momento de la detención y la presentación ante un juez de la persona arrestada, en centros de detención.

De la Peña señaló que el reordenamiento de los sistemas penitenciario y de procuración de justicia no se concretará solamente con el nuevo sistema y con la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que también requiere de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, sobre todo, de la voluntad política tanto en el Congreso de la Unión como en los gobiernos federal y estatales.

La senadora Angélica De la Peña aseguró que se requiere incidir en las voluntades políticas para que se atienda este tema de manera preponderante.

“Contar con una ley eficaz que termine de una vez con la impunidad de los torturadores y erradique la deleznable práctica de la tortura en nuestro país exige que Senado y Cámara de Diputados trabajen en conferencia desde el mes de enero para lograr los consensos necesarios”, dijo.