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Especialistas en temas de transparencia y parlamento abierto criticaron que la Cámara de Diputados entregue a los 500 legisladores un “bono navideño” sin transparentar los recursos que se asignan a los grupos parlamentarios, por lo que pidieron que esos recursos sean devueltos.

“Desde que se hizo la Ley General de Transparencia, el Congreso fue el primero en incumplirla, se dio un plazo adicional a los demás sujetos obligados para cumplir sus obligaciones, luego lo amarró a un plan de trabajo, ahora en lugar de ser modelo de la ley que ellos mismos aprobaron sigue habiendo rezagos, sobre todo en los recursos que reciben los grupos parlamentarios”, aseguró la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lourdes Morales.

Morales afirmó que además de la falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la Cámara Baja debe regresar esos recursos y ser “sensible” a las condiciones económicas por las que atraviesa el país.

La académica mencionó que esos recursos podrían ser reasignados, por ejemplo, al Archivo General de la Nación (AGN), al cual se le dejó prácticamente sin fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

Hace falta una explicación. Por su parte, Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, consideró que la Cámara de Diputados debe explicar el origen de esos recursos porque no son salarios ni una prestación de los legisladores.

“Nos deben una explicación de por qué esa asignación individualizada a los 500 diputados, incluso como no son salarios ni prestaciones, debemos saber por qué se asignaron de esa forma; y en qué se gastan, porque para los legisladores puede ser su dinero y se compre un yate, pero también que ese dinero vaya a otros lados, como los partidos políticos”, explicó el experto en temas de parlamento abierto.

Ávila señaló que más allá de que un legislador regrese el bono navideño, lo importante es que la Cámara de Diputados explique de qué partida salen esos recursos, bajo qué criterios los entregan a los grupos parlamentarios y, sobre todo, en qué se emplean esos recursos.

Piden prudencia en el gasto de recursos. Guillermo Cejudo, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en rendición de cuentas, coincidió en que la Cámara Baja debe transparentar no sólo el monto, el destino, sino también la motivación legal de cada peso público que ejerce.

“En principio deberían demostrar que esos recursos están autorizados en la programación presupuestal de la Cámara de Diputados. Esto no debe ser una designación discrecional u opaca para repartir lo que sobró, sino que esto se debe asignar conforme a criterios claros y definidos con antelación”, afirmó.

Cejudo consideró que como Poder Legislativo encargado de no sólo asignar el presupuesto, sino de revisar la cuenta pública, “está no sólo obligado a cumplir las normas de eficiencia presupuestaria”, sino también tiene una obligación política de ser prudente en el uso del gasto.

“Políticamente se vería bien que los diputados dieran un ejemplo de responsabilidad en el uso de los recursos en un entorno de recortes, pero sobre todo de desconfianza política”, dijo Cejudo.

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