La Alerta de Violencia Género, que se activa a nivel estatal y municipal, debe ser aplicada en todo el país, dijo la senadora Martha Tagle Martínez, como una medida necesaria ante el aumento de las agresiones contra las mujeres y los feminicidios.

Acusó que cada día ocurren siete asesinatos de mujeres en cuadros de odio, mientras que la burocracia de la Secretaría de Gobernación, que es la instancia que emite las Alertas de Violencia de Género en los niveles estatal y municipal, impone como requisito la realización de investigaciones, sólo cuando existan peticiones específicas.

Martha Tagle Martínez refirió que la Secretaría de Gobernación tiene sin resolver las solicitudes de Alerta de Género en 22 estados, en tanto que continúan en aumento la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidios, en todo el país.

La legisladora sin grupo parlamentario convocó al foro “México en Alerta de Género”, en el Senado, y en la reunión diversas organizaciones civiles participantes se sumaron a la propuesta de que se instituya la figura de Alerta de Género Nacional.

Tagle Martínez, a su vez, dijo que apoya esta iniciativa de organizaciones civiles, ante la situación de que “terrible violencia” contra las mujeres que se registra en México, pese a los esfuerzos institucionales que dispone la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las disposiciones legales no prevén apoyos a las organizaciones civiles que atienden a mujeres víctimas de violencia, informó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, lo cual se suma a la falta de atención de parte de las autoridades cuando las víctimas piden su auxilio.

Dijo que el presupuesto y las leyes de protección a la mujer “no funcionan, y la violencia persiste de diversas formas”.

Al presentar casos de violencia de género, se reportó de denuncias que no han sido atendidas desde hace dos años contra el jefe del departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto de Enfermedades Respiratorias, Raúl Humberto Sansores Martínez.  Se indicó que se trata de un caso de impunidad que cuenta con el respaldo del director de la institución, pese a que se han formulado acusaciones ante la CNDH y la PGR por los delitos de hostigamiento sexual, abuso de autoridad e intimidación.

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