Urge PRD a procesar ley antilavado

Se busca dotar de eficacia al sistema judicial, asegura senador perredista

El senador advirtió que el lavado de dinero pone en riesgo a todas las instituciones del Estado (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 29/10/2016 02:09 JUAN ARVIZU Actualizada 02:09

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El Congreso debe procesar los tipos penales de lavado de dinero a fin de dar eficacia al sistema judicial, pues por esa carencia no hay consignados por esta actividad que es uno de los pilares del crimen organizado y que con el poder del dinero corrompe autoridades e, incluso, canaliza recursos a los procesos electorales, dijo el secretario de la Mesa Directiva del Senado e integrante de la comisión Anticorrupción, Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD),

Al momento, dijo el legislador, “es muy alto el nivel de amenaza que tiene contra la seguridad pública y la seguridad nacional, el poder de dinero que maneja el crimen organizado, y ante ello se debe abrir una revisión del problema, por parte de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, y de la sociedad civil para tener una visión integral y localizar los vacíos en la ley, de los que se benefician los criminales”, señaló.

Reconoció la seriedad del informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado por este diario en su edición del jueves 28 de octubre, que alerta sobre las graves amenazas para el país representadas en el lavado de dinero del crimen organizado, y el margen amplio de impunidad en quienes participan de esas actividades.

De igual manera, subrayó la importancia de tocar este problema como lo hace EL UNIVERSAL, y que no figura, por lo pronto, en las agendas de prioridades del Senado y de la Cámara de Diputados. Fernández llamó a que se abra la discusión en materia de lavado de dinero para atacarlo con efectividad.

Advirtió que el lavado de dinero es peligroso para todas las instituciones y es erróneo pensar que con esta actividad no se mata gente, aseguró que se debe destacar que con esas prácticas se genera dolor en una sociedad.

El senador dijo que se debe trabajar en el Congreso para cubrir vacíos de los que se sirve el crimen organizado para inyectar dinero en las campañas electorales, y sugirió que se tengan a la vista los comicios de 2018, a fin de que se cuente con disposiciones que impidan ese tipo de presencia corruptora.

El lavado de dinero se obtiene con la participación de complejas redes de abogados y fiscalistas que llevan a cabo una ingeniería especializada en la que manejan los recursos ilegales dentro de empresas legales que operan con dinero limpio.

Advirtió que el Estado mexicano tendrá éxito contra el lavado de dinero a partir de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y, sobre esa base, aplicar cambios y fortalecer la legislación penal.

Desde luego, se deben revisar los tipos penales del lavado de dinero y lograr así consignaciones sólidas, que permitan a los jueces dictar sentencias, y reducir el poder de las bandas de delincuentes.

Fernández Fuentes recordó que el crimen organizado basa su fuerza en el control de las armas y el lavado de dinero, a partir de los cuales, como lo reporta el estudio de la SHCP, sus operaciones adquieren el rango de amenaza a la seguridad pública.

Con el dinero lavado, los cárteles mueven grandes cantidades de recursos, alimentan la corrupción, compran policías, ministerios públicos, jueces, y facilita que los criminales disfruten del fruto de sus actos ilegales, dijo el legislador del PRD.

La tarea, reconoció Fernández Fuentes, es de largo plazo, pero de agenda de trabajo inmediata para el Congreso que, insistió, debe abrir foros al debate del problema, en el que se debe tener mucho cuidado de no sobrerregular los procesos de inversión lícitos que son necesarios para la economía.

El pasado 26 de octubre, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, dijo que la Procuraduría General de la República tiene retos descomunales, entre ellos, disminuir los niveles de impunidad, que es uno de los males más graves que aquejan al país.

Además, tendrá que resolver la ineficacia de las fiscalías que hoy están como unidades administrativas, entre ellas, contra la trata de personas, lavado de dinero, entre otros.

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