Aprueba Senado veto a 3de3

Eliminan de la ley que empresarios presenten declaraciones; critican PRD y PT que no se oiga a maestros y sí a la IP

Después de casi cinco horas de debate, en la sesión extraordinaria en el Senado fue aprobada por 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones las observaciones a la LGRASP (CRISTOPHER ROGEL. EL UNIVERSAL)
Nación 06/07/2016 02:09 Alberto Morales, Horacio Jiménez y Juan Arvizu Actualizada 09:59

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En sesión de periodo extraordinario, el Senado aprobó el veto parcial del presidente Enrique Peña Nieto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, con lo que se elimina la obligación de que la iniciativa privada presente su declaración patrimonial, de interés y fiscal.

Con ello los senadores se allanaron a las observaciones del Ejecutivo al artículo 32 de la Ley 3de3 y nueve artículos correlativos más, mismos que se enviaron a la Cámara de Diputados, luego de ser avalada por 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, tras casi cinco horas de debate.

A diferencia de la votación del 14 de junio cuando senadores del PT, PRD y PAN se “ausentaron” o se abstuvieron de participar en la aprobación de la Ley de Responsabilidades, en esta ocasión no hubo polémica porque la mayoría de las bancadas tenía definido su sufragio.

En la sesión, el PRD y el PT criticaron que el veto sólo benefició al sector empresarial y demostró que el Ejecutivo tiene un doble discurso, ya que sí está dispuesto a modificar la ley ante la presión de la “oligarquía” de la IP, pero no ante los reclamos de los maestros.

Senadores del PAN reconocieron que las observaciones del Ejecutivo “les enmendaron la plana” porque la reserva —presentada por el legislador independiente Manuel Cárdenas— y aprobada la madrugada del 14 de junio, representa riesgos para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero Morales (PVEM), solicitó hacer una reflexión seria, porque el veto parcial al paquete de siete leyes, de más de 600 artículos, únicamente recibió observaciones sobre 10 artículos.

Declaró que con las modificaciones que propuso el presidente Peña Nieto no se exime a los empresarios o a los contratistas con el gobierno, de la responsabilidad que tienen en el nuevo SNA.

La senadora Pilar Ortega (PAN), secretaria de la Comisión de Justicia, reconoció que la redacción del artículo 32, en los términos en que fue aprobado por el Congreso, tiene aspectos de riesgos en materia de legalidad de la reforma anticorrupción.

Alejandro Encinas pidió reconocer que la reforma traía una redacción que permitía una interpretación muy amplia y discrecional, que podría generar una controversia constitucional.

Expresó que es urgente establecer una tercera etapa en el proceso legislativo, para establecer los instrumentos que permitan combatir la otra cara de la corrupción, la de los empresarios de la iniciativa privada que soborna, corrompe o que incurre en cohecho.

Sin buenas intenciones. Manuel Cárdenas defendió su reserva; dijo que no contenía una mala redacción y que no comparte los argumentos jurídicos del Ejecutivo para vetar de manera parcial la ley.

“Las reservas presentadas por un servidor y aceptadas por la gran mayoría de ustedes, en ningún momento plantean una buena intención y una mala redacción. Insisto, compañeros legisladores, ¡ni mal hecha, ni mal redactada! Los invito respetuosamente a que nos acerquemos a las reglas gramaticales”, sentenció.

Marcela Torres (PAN) dijo que si bien el Ejecutivo enmendó la plana al Senado, perdió una oportunidad histórica para reconstruir la confianza entre el ciudadano y la clase política.

Dolores Padierna y Armando Ríos Piter (PRD) criticaron que el gobierno no trata con el mismo rasero a los hombres del dinero y a maestros.

“Lo que hace es decirle al pueblo de México: ‘No nos importan los ciudadanos; estamos más contentos sentándonos con los empresarios’”, afirmó Ríos Piter.

Beneplácito de IP. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, dijo que la eliminación de la 3de3 hace viable el Sistema Anticorrupción.

Explicó que era anticonstitucional pedir a los privados presentar sus tres declaraciones como lo decía la Ley General de Responsabilidad Administrativas que aprobó en junio pasado el Congreso.

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